La Corte Suprema de Estados Unidos escuchará argumentos el martes sobre el pedido del gobierno de poner fin a la política establecida durante la administración de Donald Trump que obliga a los solicitantes de asilo a permanecer en México a la espera de sus audiencias.
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El gobierno del presidente Joe Biden apeló a las decisiones de tribunales menores según las cuales la política —oficialmente llamada Protocolos de Protección al Migrante pero mejor conocida como “Quédate en México”— debe reinstaurarse.
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En documentos judiciales, el gobierno de Biden afirma que “en dos veces hemos determinado que esta política no sirve a los intereses de Estados Unidos”.
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Texas y Missouri, que presentaron una demanda para mantener el programa, sostienen que este ha ayudado a reducir la cantidad de migrantes que cruzan la frontera sur.
“Muchos migrantes presentan argumentos sin mérito, incluso pedidos infundados de asilo, con la esperanza de que se les dejará en libertad en territorio estadounidense”, argumentaron los dos estados en un petitorio ante el máximo tribunal.
Unas 70 mil personas se inscribieron en el programa luego que Trump lo implementó en 2019 y lo convirtió en la pieza central de su iniciativa para inhibir la entrada de solicitantes de asilo.
Pero en su primer día en funciones, Biden suspendió el programa y el secretario de Seguridad Nacional Alejandro Mayorkas le puso fin en junio de 2021. En octubre, el Departamento de Seguridad Nacional entregó argumentos adicionales para poner fin a la iniciativa, pero no prosperó en los tribunales.
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El programa fue restablecido en diciembre, pero apenas tres mil personas se inscribieron para fines de marzo, periodo en el que las autoridades detuvieron a unos 700 mil migrantes en la frontera.
El corazón de la disputa legal es si el gobierno tiene la potestad de poner fin al programa, como argumenta el Ejecutivo, o si es la única manera de cumplir con lo que los estados califican del mandato legislativo de no dejar en libertad a migrantes sin permiso legal en territorio estadounidense.
Texas y Missouri argumentan que Estados Unidos no tiene centros de alojamiento de migrantes adecuados y por lo tanto la única opción que tiene es dejar que los migrantes esperen en México hasta que se les llame para sus audiencias.
