CIUDAD DE GUATEMALA (AP) — Hace algunos años, el Ministerio Público de Guatemala era el ejemplo a seguir en América Latina por sus esfuerzos anticorrupción. Incluso logró que un mandatario renunciara, pero hoy la fiscal general, Consuelo Porras, acumula señalamientos por bloquear investigaciones sobre corrupción, proteger los intereses de ciudadanos poderosos —incluido el presidente— y criminalizar a jueces y fiscales.
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Porras, de 68 años, relevó a la fiscal Thelma Aldana en 2018 y ahora busca otro periodo de cuatro años. Su futuro dependerá del gobernante Alejandro Giammattei, quién pronto decidirá quién se queda con el puesto. Hasta el momento el mandatario se ha mostrado abiertamente cercano a Porras. Es común que la defienda ante los guatemaltecos, organismos internacionales y Estados Unidos, que en 2021 suspendió la cooperación con su despacho y le quitó la visa para entrar tras catalogarla como parte de los actores antidemocráticos y que obstruyen la lucha contra la corrupción. La Unión Europea y organizaciones como Human Rights Watch se han sumado a las críticas.
La actual fiscal general de Guatemala siempre lleva el pelo recogido y una pañoleta en el cuello. Es evasiva cuando se le cuestiona su trabajo o su cercanía al poder y es común que al defenderse emplee jerga jurídica o legal para evitar responder a una pregunta. Porras, de baja estatura, carga en los hombros la inmensa tarea de investigar estructuras criminales y aunque quiere reelegirse, los señalamientos en su contra sobre obstrucción a investigaciones no cesa ni en Guatemala ni en la arena internacional.
“Todos los casos tienen asignadas fiscalías, en ningún caso investiga la fiscal general”, ha contestado cuando se le cuestiona sobre su papel en investigaciones que no marchan como se espera. En Guatemala la ley efectivamente establece que los fiscales tienen un actuar independiente, pero toda investigación relevante debe ser autorizado por ella y desde que llegó al puesto varios de estos funcionarios se exiliaron o fueron removidos cuando avanzaban en pesquisas anticorrupción, especialmente si éstas involucraban a Giammattei o su círculo cercano.
Oriunda de Chimaltenango, al centro de país, está casada con otro fiscal y no tiene hijos. Es una ferviente católica y lleva un rosario en la muñeca, junto a su reloj. Al llegar al puesto decidió que su marido podía mantener su trabajo dado que tenía una carrera propia. Porras es abogada de profesión y antes de convertirse en fiscal general fue profesora universitaria, magistrada de cortes de apelaciones y magistrada suplente de la Corte de Constitucionalidad (CC). También ejerció como fiscal de asuntos constitucionales. Sólo hasta que llegó al MP comenzó su experiencia en temas de investigación criminal de alto impacto.
Desde que inició su gestión, las críticas contra ella no han sido sólo a nivel institucional. El año pasado, un grupo de estudiantes a los que les dio clases virtuales le increpó sobre su gestión. El video se viralizó y acabó dejando la cátedra. Los alumnos, al grito de ¿corrupta!, exigían su salida.
Otro de los escándalos que la ha perseguido tiene que ver con plagio. Porras suele mostrarse orgullosa de su doctorado en Derecho, pero el académico Marco Fonseca dijo haber comprobado que la fiscal plagió parte de ésta. Ella lo niega y dado que el supuesto plagio fue de una tesis de una persona fallecida, el caso no ha trascendido.
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Porras logró uno de los cargos clave en el país gracias al expresidente Jimmy Morales, quien a su paso por el poder también fue señalado por acciones corruptas. Ahora, aunque algunos observadores han dicho que Giammattei podría detener el retroceso de Guatemala en materia de justicia, pareciera que Porras lleva las de ganar entre los 15 finalistas que actualmente revisa una comisión de postulación dirigida por todos los decanos de las facultades de derecho de las universidades y la Corte Suprema.
Aunque Porras llegó al puesto con experiencia en derecho, no ha logrado llenar el vacío que dejó Aldana, quien impulsó una serie de casos de alto perfil llevando a juicio por diversos delitos a empresarios, políticos y funcionarios de gobierno, incluidos el expresidente Morales y sus familiares. Aldana logró encarcelar al expresidente Otto Pérez Molina, su vicepresidenta y miembros del gabinete, quizás el caso más emblemático de docenas de investigaciones. Luego se registró como candidata presidencial en 2019, pero fue acusada por Porras de malversar fondos y tras lograr que un juez ordenara su captura, huyó del país y recibió asilo político en Estados Unidos en 2020.
El éxito de Aldana contra la corrupción sistémica se produjo en conjunto con la Comisión Internacional contra la Corrupción en Guatemala (CICIG), una misión respaldada por Naciones Unidas que operó durante 12 años desmantelando redes criminales, pero dejó de operar en 2019, poco después de que Porras se convirtiera en fiscal. Públicamente la nueva fiscal nunca defendió la permanencia de la CICIG y, por el contrario, empezó a tener tensiones con la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI), que trabajaba con la Comisión.
El abogado colombiano Iván Velásquez fue el último comisionado de la CICIG. En entrevista con The Associated Press recordó que cuando Porras asumió, evitaba reunirse con él. “Eso ya era una muy mala señal”, dijo. Su falta de experiencia en la investigación de casos de corrupción y su aparente desinterés la hacían parecer extraña, explicó Velásquez. Según su percepción, parecía ponerle más interés a los asuntos administrativos para evitar cuestiones de investigación más delicadas. “Ella ni conocía, ni entendía, ni quería nada con la investigación fiscal. Desde el principio se veía que había un gran desinterés por todo eso”, añadió.
A medida que las investigaciones de la FECI comenzaron a acercarse a Giammattei, Porras pareció pasar del desinterés al entorpecimiento de los procesos. Los fiscales, jueces y otras personas que habían trabajado en estrecha colaboración con la CICIG se convirtieron en blanco de persecución. En lo que va de la gestión de Porras, cerca de 20 fiscales, jueces y magistrados se han exiliado denunciando criminalización en represalia de su trabajo en casos de corrupción.
En julio del pasado, Porras despidió a Juan Francisco Sandoval, quien estaba al frente de la FECI y cuyo trabajo había sido aplaudido nacional e internacionalmente. Sandoval huyó de Guatemala el mismo día que fue destituido hacia el El Salvador. Porras lo había acusado de “abusos” sin dar detalles. Tras lo ocurrido, el gobierno de Estados Unidos dijo que la destitución de Sandoval “contribuye a la percepción de que hay un esfuerzo sistemático en Guatemala para debilitar a quienes luchan contra la corrupción”, mientras que Giammattei la defendió y dijo que el pronunciamiento estadounidense era una “falta de respeto hacia las relaciones internacionales que primero acusan sin pruebas».
Sandoval dijo a la AP que cuando se reunía con Porras le quitaban el celular para asegurarse de que nadie grabara sus charlas. “En la primera reunión que tuvimos de trabajo me dijo que por qué no me iba de vacaciones o con licencia al extranjero a capacitarme. Ella me quería fuera de la institución”, explicó Sandoval.
Las personas que trabajan con Porras dicen que es tecnófoba. El personal cercano imprime hasta los memes que circulan en las plataformas sociales para que pueda ver lo que se dice de ella. La reprobación pública de su trabajo la molesta inmensamente, especialmente cuando proviene de la Iglesia Católica, que ha criticado públicamente la búsqueda de fiscales y jueces involucrados en los esfuerzos anticorrupción por parte de su oficina.
“Siempre me recalcó que era una mujer conservadora fanática”, dijo Sandoval, y explicó que cuando hablaban ella le mostraba impresiones de lo que los netcenters anónimos —o bots— decían. “Ella les creía todo lo que decían”, dijo.
De cara a su posible renovación como fiscal general, Human Rights Watch ha mostrado preocupación. En un comunicado dijo que Porras ha “socavado las investigaciones sobre corrupción y abusos a los derechos humanos, y entablado procesos penales arbitrarios contra periodistas, jueces y fiscales”. En consonancia con esto, Tamara Taraciuk Broner, directora en funciones para las Américas de la organización, afirmó que “el mandato de Consuelo Porras como fiscal general ha sido una desgracia para el Estado de derecho en Guatemala”.
Pocas cosas en Guatemala pueden unir a la gente en clase y etnicidad como la oposición a Porras. Campesinos pobres, abogados, activistas indígenas, defensores de los derechos humanos, religiosos y estudiantes universitarios han marchado exigiendo su partida.
Entre lo que presume como logros de su gestión destaca que más de 60 personas acusadas de narcotráfico fueron extraditadas a Estados Unidos, así como los casi dos millones de casos resueltos durante su mandato, aunque la mayoría simplemente se cerraron.
