Un juez federal afirmó el lunes que es “más probable que improbable” que el expresidente Donald Trump cometiera delitos en su intento por evitar la certificación de la elección de 2020, y ordenó la liberación de más de 100 correos electrónicos del asesor presidencial, John Eastman, a la comisión que investiga la insurrección en el Capitolio estadounidense.
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El fallo del juez federal de distrito David Carter representó una importante victoria legal para el panel investigador de la Cámara de Representantes mientras analiza la correspondencia de Eastman, el abogado que asesoraba a Trump mientras intentaba anular las elecciones presidenciales.
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“Basado en la evidencia, a la corte le parece más probable que improbable que el presidente Trump intentara de forma corrupta obstruir la Sesión Conjunta del Congreso el 6 de enero de 2021”, escribió Carter quien fue nominado por el expresidente Bill Clinton.
Eastman se negaba a entregar documentos a la comisión argumentando secreto de confidencialidad entre abogado y cliente. La comisión respondió a principios de mes diciendo que existe una excepción legal que permite la divulgación de comunicaciones cuando se trata de delitos en marcha o futuros.
Un abogado que representa a Eastman no respondió de momento a una petición de comentario.
La declaración del 3 de marzo de la comisión, fue su intento más formal para vincular al expresidente con un delito federal. Los legisladores no tienen el poder de presentar acusaciones delictivas por su cuenta y tienen que referirlas al Departamento de Justicia. El departamento ha estado investigando la agitación del año pasado, pero no ha dado indicios de que considere presentar cargos contra Trump.
La comisión argumentó en los documentos que Trump y sus asociados participaron en una “conspiración delictiva” para evitar que el Congreso certificara la victoria del demócrata Joe Biden ante el Colegio Electoral. El expresidente y quienes trabajaban con él entonces propagaron información falsa sobre el resultado de las elecciones presidenciales y presionaron a funcionarios estatales para anular los resultados, lo que posiblemente infringió varias leyes federales, indicó el panel.
