NUEVA YORK (AP) — Dos años después de iniciar un ambicioso plan para reducir el tiempo de detención previa a un juicio en el estado de Nueva York, las autoridades están abandonando algunas reformas —en especial sobre el tema de las fianzas— y confinando a más gente inmediatamente después de arrestarlas, en medio de denuncias del público por el aumento de la delincuencia.
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Pero el martes, la contraloría de la ciudad de Nueva York emitió un reporte rechazando las denuncias de comandantes policiales, sindicatos y algunos políticos de que las reformas en las fianzas están agudizando la actividad delictiva. Dichas denuncias, lanzadas sin evidencia alguna, han persistido desde que la reforma entró en vigor en enero de 2020.
La cantidad y el porcentaje de personas arrestadas de nuevo estando en libertad bajo fianza a la espera de un juicio fue menor dos años después de iniciadas las reformas de lo que eran un año antes, según el reporte del contralor municipal Brad Lander, hecho en colaboración con la agrupación sin fines de lucro New York City Criminal Justice Agency.
Tanto antes como después, apenas una pequeña fracción de los arrestos fueron por crímenes violentos.
Lander exhortó a la Legislatura estatal a pensarlo bien antes de aplicar medidas más severas, como el plan de la gobernadora Kathy Hochul de ampliar la lista de delitos que llevarían a una detención inmediata, y de darle a los jueces más autonomía para decidir cuándo exigir el pago de una fianza.
“Creemos que es importante que las decisiones políticas se basen en los hechos, no en el miedo”, declaró Lander a The Associated Press.
“Quisimos examinar los datos correspondientes al otorgamiento de libertad de fianza y entender bien qué está sucediendo. La conversación en torno a la reforma de las fianzas se ha divorciado de los datos”, añadió el funcionario, quien es demócrata.
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Más aun, dijo Lander, la reforma —diseñada para disminuir las desigualdades, reducir el hacinamiento en las cárceles y evitar que más gente sufra duras condiciones carcelarias— no ha hecho lo suficiente para reducir el encarcelamiento preliminar y los efectos nocivos que ello tiene especialmente en los sectores más necesitados.
Muchos jueces están ignorando una cláusula en la reforma que les exige considerar la situación económica del procesado al momento de decidir el monto de la fianza, según el reporte.
La mayoría de los procesados pagan en base a bonos comerciales con tarifas sin derecho a reembolso, que podrían luego ascender a cientos de dólares.
