DENVER (AP) — Una coalición de activistas pro derecho al voto presentó el miércoles una demanda contra un grupo de simpatizantes de Donald Trump para que dejen de ir de puerta en puerta en Denver buscando indicios de fraude electoral.
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El litigio acusa al grupo “U.S. Election Integrity Plan” (Plan de Integridad de las Elecciones de Estados Unidos) de fotografiar casas de votantes y de “intimidación de puerta en puerta” en zonas de alta presencia de minorías raciales. El grupo fue fundado luego de que Trump perdió las elecciones en el 2020 ante el demócrata Joe Biden e hizo denuncias falsas de fraude electoral.
Shawn Smith, un coronel retirado de la Fuerza Aérea que dirige el grupo, no respondió a un mensaje pidiéndole comentarios que fue enviado a “Cause for America” (Causa por Estados Unidos), otro grupo de “integridad electoral” que él dirige. El USEIP no tiene número telefónico ni dirección de correo electrónico registrada.
La demanda fue presentada en un tribunal federal de Colorado a nombre del capítulo local de la Asociación Nacional para el Progreso de la Gente de Color (NAACP por sus iniciales en inglés), la Liga de Mujeres Votantes y Mi Familia Vota.
La demanda es un intento de combatir un método nuevo usado por quienes se niegan a aceptar la derrota de Trump. Múltiples auditorías e investigaciones — inclusive del Departamento Justicia cuando él era presidente — no hallaron fraude significativo, y partidarios de Trump han perdido más de 50 demandas en su intento de revertir el resultado electoral.
La demanda se fundamenta en parte en una ley contra el Ku Klux Klan aprobada después de la Guerra Civil con el fin de evitar que milicias blancas empleen violencia o intimidación para impedirle a las personas negras ejercer su derecho al voto.
La ley también ha sido empleada en una demanda relacionada con el asalto al Capitolio en Washington ocurrido el 6 de enero del año pasado. El representante demócrata Bennie Thompson ha acusado a Trump de conspirar con grupos ultraderechistas involucrados en el asalto.
Los grupos civiles denuncian que en ocasiones los integrantes del USEIP portan pistolas y credenciales policiales cuando van a las casas de los votantes, a pesar de que no trabajan para la policía. No citan ejemplos específicos.
