SAN DIEGO (AP) — Una corte federal de apelaciones ratificó el viernes las amplias restricciones impuestas al asilo para impedir la propagación del COVID-19, pero restauró las protecciones que evitan la expulsión de familias migrantes a sus países sin darles la oportunidad de argumentar sus casos.
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Casi en forma simultánea, un juez federal en otro caso falló que el gobierno del presidente Joe Biden eximió indebidamente de las restricciones a los niños no acompañados por parientes y ordenó que se les sujete a ellas dentro de una semana, lo que da tiempo para que se presente una apelación de emergencia.
Las decisiones contradictorias han inyectado incertidumbre jurídica al futuro de las disposiciones que niegan a los migrantes una oportunidad de solicitar asilo bajo el argumento de que existe riesgo de propagación del COVID-19.
Las autoridades federales han expulsado a migrantes más de 1,6 millones de veces en la frontera mexicana sin darles oportunidad de que soliciten protecciones por razones humanitarias desde marzo de 2020. El gobierno de Biden ha extendido el uso de la autoridad del Título 42, llamada así por una ley de salud pública de 1944.
La Corte Federal de Apelaciones del Distrito de Columbia dijo que las preocupaciones sobre el COVID-19 podrían impedir a familias de migrantes conseguir el asilo para permanecer en Estados Unidos.
Sin embargo, dijeron los jueces, los migrantes pueden buscar otras formas de protección humanitaria a fin de evitar que los envíen a sus países si es probable que allí sean torturados o perseguidos. Bajo un beneficio llamado “aplazamiento de la deportación” y la Convención de las Naciones Unidas contra la Tortura, los migrantes pueden ser enviados a terceros países considerados alternativas seguras si las naciones de donde provienen son demasiado peligrosas.
Un panel de tres jueces —dos de ellos nombrados por el presidente Barack Obama y uno por el presidente Donald Trump— cuestionaron enérgicamente el uso que dio el gobierno de Biden al Título 42.
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El juez Justin Walker, nombrado por Trump y que escribió el fallo unánime, destacó que las preocupaciones de salud han cambiado radicalmente desde que los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos (CDC por sus siglas en inglés) anunciaron las restricciones al asilo hace dos años. Escribió que está “lejos de estar claro que la orden de los CDC sirva a algún propósito” para proteger a la salud pública.
“La orden de los CDC parece en ciertos aspectos una reliquia de una era en la que no había vacunas, las pruebas eran escasas, había pocas terapias y poca certidumbre”, escribió.
Walker subrayó que el gobierno de Biden no ha aportado evidencia detallada que sustente las restricciones.
“No desdeñamos los riesgos del COVID-19. Y nos mostraríamos sensibles a declaraciones registradas de funcionarios de los CDC que hayan testificado sobre la eficacia de la Orden. Pero no hay ninguna”, escribió.
En el otro fallo, el juez federal Mark Pittman, nombrado por Trump, dio la razón al estado de Texas, que alegó que el presidente Joe Biden rompió indebidamente con Trump cuando eximió a los niños que viajaban solos, por razones humanitarias. Destacó el incremento que se ha registrado de niños no acompañados que llegan a la frontera después de ese cambio.
Pittman, que se encuentra en Fort Worth, Texas, dijo que “escapaba a la comprensión” incluso que el caso estuviese siendo alegado. Señaló que “no debería haber desacuerdo en que las actuales políticas de inmigración deberían estar concentradas en frenar la propagación del COVID-19”.
Los defensores de los inmigrantes se adjudicaron al menos una victoria parcial con el fallo de la corte de apelaciones de Washington, D.C.
“La decisión de hoy no anula al Título 42, pero crea salvaguardas jurídicas y de procedimientos para proteger a los inmigrantes. De aquí en adelante, los inmigrantes no pueden ser deportados sin que se evalúe si estarán seguros”, dijo Iván Espinoza Madrigal, director ejecutivo de Abogados por los Derechos Civiles.
Lee Gelernt, de la Unión Americana de Libertades Civiles, que presentó argumentos en el caso a nombre de familias que buscan asilo, describió el fallo como “una enorme victoria”.
“El fallo de la corte no deja dudas de que esta brutal política ha dañado gravaemente a familias que buscan obtener asilo y debe ser cancelada”, agregó.
El Departamento de Justicia declinó hacer declaraciones.
Los defensores de las restricciones a los inmigrantes se alegraron con el fallo en Texas.
“Ésta es una victoria realmente histórica, pero nos resta un largo camino para poner fin a la cruzada del gobierno para erradicar nuestra soberanía”, declaró Stephen Miller, un arquitecto de las políticas de inmigración de Trump y hoy presidente del grupo de defensa jurídica American First Legal.
México acepta a los migrantes expulsados de acuerdo con el Título 42 que sean propios o provengan de Guatemala, El Salvador y Honduras. Estados Unidos puede expulsar a los migrantes de otros países, pero es más difícil debido a los costos, problemas logísticos y la situación de las relaciones diplomáticas. Ha aumentado el número de solicitantes de asilo provenientes de Cuba, Nicaragua y Venezuela, todos países que tienen gélidas relaciones con Estados Unidos.
