CIUDAD DE MÉXICO (AP) — La revisión del pasado de represión política y social que ha emprendido el gobierno de Andrés Manuel López Obrador en México apunta a tener acceso a los archivos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y del Estado Mayor Presidencial (EMP), el cuerpo de élite que protegía a los mandatarios, para conocer cuál fue su papel entre 1965 y 1990, periodo que abarca la llamada “guerra sucia” cuando los movimientos opositores fueron aplastados por cuerpos militares.
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El gobierno de López Obrador optó por dos mecanismos para revisar el pasado reciente del país: por un lado, una orden presidencial de febrero de 2019, para que toda las dependencias enviaran al Archivo General de la Nación (AGN) los expedientes sobre represión social o política, así como corrupción, para ordenarlos y abrirlos a los ciudadanos. Sin embargo, tres años después, el Ejército mexicano no ha transferido un solo documento.
Un segundo mecanismo se instaló en diciembre de 2021: la Comisión de la Verdad y Justicia, integrada por cinco académicos o especialistas en historia, movimientos sociales, guerrilla y más, cuyo plan es ingresar a archivos clave, incluido el del Ejército, para extraer expedientes sobre violaciones a derechos humanos. Además, se busca crear un informe final para las organizaciones de víctimas y familiares de desaparecidos de la “guerra sucia”.
“En lo que corresponde al gobierno que represento, al Estado mexicano, vamos a permitir que se tenga acceso a todos los archivos de todas las dependencias, sin ningún límite, y también el que no haya obstáculos y que no haya impunidad para nadie”, dijo López Obrador al instalar la Comisión.
Para López Obrador el caso es cercano, pues asegura que su gobierno emana de los movimientos de izquierda, como el estudiantil de 1968 que acabó en la matanza de Tlatelolco, y viejos militantes forman parte de su movimiento. También ha reclamado haber sido víctima de espionaje en la época de la «guerra sucia». Sin embargo, también ha sido criticado por su cercanía a políticos ligados a grupos evangélicos o por su cercanía al Ejército.
La Comisión pertenece a la Subsecretaría de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación y se designó a Félix Santana Ángeles como su secretario técnico, quien tiene el mismo cargo en la Comisión especial de Ayotzinapa, el caso de los 43 normalistas desaparecidos que sacudió a México en 2014.
En entrevista reciente con Associated Press, Santana Ángeles dijo que existe un compromiso del Ejército mexicano para dar acceso a los archivos y no se trata de un tema a negociar. Sin embargo, hay a quienes preocupa que la cercanía de López Obrador con el ejército no contribuya a esa apertura.
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El presidente, por ejemplo, ha cedido al ejército la administración y operación de sus grandes proyectos, como el nuevo aeropuerto internacional, las aduanas o una nueva refinería. Al extitular del Ejército, Salvador Cienfuegos, quien fue acusado en Estados Unidos por supuestos vínculos con el narco, el mandatario lo defendió con fervor.
“No es un tema de negociación, es más un asunto de una instrucción del presidente. Hay quienes dudan si los militares nos van a permitir el acceso a los archivos, pero nosotros tenemos (la vía) totalmente despejada. Hay una voluntad clara del presidente, como jefe supremo de las Fuerzas Armadas, para tener acceso a la información y a las instalaciones. Entonces no es una concesión, no es un asunto a negociación sino una instrucción”, asegura Santana Ángeles.
La Comisión sesionó este 21 de febrero para definir su plan y líneas de trabajo. El secretario técnico y el subsecretario de Gobernación, Alejandro Encinas, uno de los hombres más cercanos a López Obrador, serán los encargados de acordar la instalación de mesas de trabajo con el Ejército y otras áreas clave del gobierno que resguardan archivos de violaciones a los derechos humanos.
Uno de los principales objetivos, explica Santana Ángeles, es tener acceso a los acervos militares y a los del EMP, el cuerpo de élite que cuidaba a los presidentes y que López Obrador suspendió a su llegada. “El archivo del EMP está en la Defensa y es uno de los objetivos primordiales de esta Comisión para el auscultamiento, de la revisión”, confirmó. Sería la primera vez que ese acervo se revisa.
Entre los acuerdos preliminares de la Comisión destaca quitar a las guerrillas que operaron en México entre 1960 y 1980 del corazón de la investigación y abrir el abanico a las diferentes expresiones de represión política y social que el gobierno implementó. Aunque la “guerra sucia” ocurrió en ese periodo, el gobierno mexicano decidió extender la investigación de los comisionados hasta 1990.
“Hay una intención de quitar a la guerrilla del centro, o sea, no solamente la violencia se centró en los guerrilleros o luchadores sociales, sino que hubo un conjunto de violaciones hacia dirigentes campesinos, estudiantes, miembros de la comunidad LGBT… Entonces el espectro es muy amplio, pero se ha decidido trabajar el periodo del 1965-19990, y en el tema grave de violaciones graves a los derechos humanos arrancar con estas tres: desaparición forzosa, ejecución extrajudicial y tortura”, explicó.
Cómo ejemplo del trabajo que harán en los archivos militares, el funcionario explicó que usarán como modelo la Comisión que fue creada para indagar la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, ocurrido en 2014. “El presidente instruyó a las Fuerzas Armadas el acceso total a los archivos para poder obtener información, datos sensibles. Lo que hemos estado haciendo en el caso Ayotzinapa, por ejemplo, es ingresar a las áreas de inteligencia y verificar fechas de septiembre, octubre, noviembre de 2014. Eso nos ha llevado a otras vinculaciones que tiene que ver con órdenes de operación, que a su vez revisamos. Eso nos ha permitido conectar temporalidades y personas vinculadas. Y eso nos está sirviendo para definir el trabajo de metodología de la Comisión de la Verdad”, agregó.
Algunos expertos en materia de derechos humanos e historia son escépticos aún de que el gobierno de López Obrador logre que el Ejército abra por completo sus archivos. En 2002, México vivió un proceso similar de apertura de archivos que dejó un sinsabor, pues los intentos de obtener justicia, incluido procesar a un expresidente, fueron vanos.
Jacinto Rodríguez Munguía, un periodista que ha investigado en los fondos sobre la “guerra sucia”, considera que no sólo es necesario que la Comisión tenga acceso a los archivos militares sino que además se hagan públicos a toda la ciudadanía. “Mientras el Ejército no entregue documentos al AGN, como lo establece la orden presidencial de 2019, es difícil creer que dará acceso a la Comisión a sus acervos. Esa es la llave. Ojalá que sí se logre, porque ya vivimos un proceso similar hace 20 años y la sensación que dejó fue de frustración”, dijo Rodríguez Munguía.
Para el periodista, parte del dilema de apertura está en la compleja relación de López Obrador con el Ejército, pues por un lado ha mostrado una profunda cercanía y, por el otro, la apertura de documentos implica reconocer las violaciones a los derechos humanos cometidos por los militares. “Sin duda hay un dilema, porque no se explica de otro modo que no hayan entregado documentos aún al AGN. Hay resistencias”, dijo.
Carlos Dorantes, de la organización civil Artículo 19, consideró que el tiempo juega en contra de la Comisión de la Verdad, pues el decreto de su creación establece que se acabará junto con el gobierno de López Obrador, el 30 de septiembre de 2024. “El juego está en contra. Se necesitan grandes equipos para lograr la revisión y la transferencia de tantos documentos históricos y de instituciones de seguridad que nunca se han abierto al público. Y no creo que haya tiempo de leer y conocer todo eso. ¿Qué va a pasar con lo que no se alcance a revisar?”, cuestionó.
