El fabricante del analgésico OxyContin, Purdue Pharma, y un grupo de estados no han podido llegar a un acuerdo multimillonario sobre las demandas por el papel del fármaco en la crisis de los opioides en Estados Unidos después de más de un mes de mediación.
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Un mediador podría pedir más conversaciones entre las partes, dijo el abogado de Purdue, Marshall Huebner, en una audiencia el jueves.
En la audiencia, realizada por videoconferencia desde la sala de audiencias en White Plains, Nueva York, el juez federal de quiebras Robert Drain extendió hasta el 3 de marzo las protecciones legales que expiraron el jueves para la empresa y sus propietarios para permitir más tiempo para un acuerdo.
“Este caso es demasiado importante para demasiadas personas, entidades gubernamentales y otras partes de interés como para reaccionar de forma instintiva a la luz de un proceso que aún se está desarrollando”, dijo Drain.
Purdue, con sede en Stamford, Connecticut, y su propietaria, la familia Sackler, son vistos como villanos en la crisis de adicción a los opioides que ha cobrado la vida de más de 500.000 estadounidenses en las últimas dos décadas.
Si bien OxyContin se encuentra entre los opioides recetados más conocidos, gobiernos estatales, locales y de nativos originarios han demandado y, en muchos casos, llegado a un acuerdo con muchas otras empresas que fabrican o distribuyen dichas sustancias a pesar de los peligros.
Con el aumento de las demandas contra Purdue, la compañía se declaró en bancarrota en 2019. El año pasado, los demandantes hicieron un acuerdo para resolver todos los reclamos contra la compañía.
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Como parte del acuerdo, la familia Sackler renunciaría a la propiedad de la empresa, que se convertiría en una nueva entidad con utilidades dedicadas a combatir la crisis de las drogas. Los Sackler también contribuirían con 4.500 millones de dólares en efectivo y activos caritativos. A cambio, la familia estaría protegida de demandas civiles por el número de víctimas derivadas de los opioides.
Aunque la mayoría de los fiscales generales aceptaron el acuerdo, ocho estados y el Distrito de Columbia se negaron a firmar, alegando que el acuerdo no responsabilizaba suficiente a los Sackler. Estas reticencias convencieron a un juez en diciembre de rechazar el acuerdo.
