WASHINGTON (AP) — Cuando fue presidente, a Donald Trump le disgustaba dejar rastros por escrito. Evitaba los correos electrónicos, ordenaba a sus colaboradores que no tomaran notas en las reuniones y rompía documentos cuando terminaba de leerlos.
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Pero algunos documentos de su gobierno que sí quiso conservar los llevó consigo cuando salió de la Casa Blanca a su resort de Mar-a-Lago en Florida. Aunque desde entonces ha devuelto al gobierno una decena de cajas, el hallazgo alarmó a los archivistas y los historiadores, que ya dudaban del apego de Trump a las normas de trasparencia.
Para ellos, el suceso no se trata simplemente de un sistema descuidado de llevar registro, sino que es un ejemplo de cómo se corre el riesgo de perder fragmentos de la historia estadounidense. Destruir u ocultar documentos, dicen, podría impedir que las futuras generaciones comprendan cómo se tomaron decisiones importantes.
“Mi primera reacción fue con palabras que probablemente no se puedan imprimir”, dijo la historiadora de la presidencia Lindsay Chervinsky. Los académicos necesitan los archivos oficiales para tener un panorama completo de cada presidencia. Las revelaciones sobre los documentos en Mar-a-Lago recuerdan que “el proceso puede ser muy frágil si la gente no acata las normas”, acotó.
La Ley de Archivos Presidenciales, que obliga a conservar los documentos de la Casa Blanca, fue aprobada en 1978 después del escándalo Watergate, cuando una colección de grabaciones secretas cumplió un papel fundamental. Aunque el presidente Richard Nixon había pensado en la posibilidad de destruirlas, los investigadores las hallaron y estas revelaron que Nixon había intentado encubrir un robo fallido en el edificio del Comité Nacional Demócrata. Optó por renunciar para no enfrentar el juicio político y la destitución.
Parecería difícil de creer que queda algo por revelar sobre la presidencia de Trump, objeto de cobertura periodística las 24 horas del día y de libros suficientes para llenar una biblioteca pequeña, pero los documentos oficiales pueden ser reveladores una vez que los procesen los Archivos Nacionales, lo que puede tomar años.
“La verdadera rendición de cuentas está en los libros de historia”, afirmó Chervinsky. “Si no tenemos la historia completa, no hay rendición de cuentas. Adicionalmente, el corazón mismo de una democracia es que los gobernantes deben rendir cuentas a la ciudadanía”.
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El manejo errático de los documentos por parte de Trump podría tener consecuencias más inmediatas que el eventual juicio de la historia. La comisión legislativa que investiga el ataque al Capitolio del 6 de enero de 2021 está estudiando las actividades de Trump ese día, pero hay lagunas en documentos oficiales como las bitácoras de las llamadas telefónicas.
Trump y sus colaboradores podrían enfrentar problemas legales si se determina que manejaron incorrectamente algún documento, sobre todo si es confidencial. El presidente tiene el poder de desclasificar cualquier documento, pero este se extingue cuando finaliza su mandato.
Ocultar o destruir archivos es un delito que se castiga con hasta tres años de prisión. Guardar información confidencial en un lugar no autorizado conlleva una pena de hasta cinco años.
Sandy Berger, asesor de seguridad nacional del expresidente Bill Clinton, retiró documentos secretos de los Archivos Nacionales en 2003. Dijo que lo hizo para preparar su declaración ante la Comisión 9/11, que investigaba las fallas de inteligencia en los años previos a los ataques terroristas del 11 de septiembre de 2001. Berger se declaró culpable y pagó una multa de 50.000 dólares.
La Comisión de Supervisión de la cámara baja ha pedido a Archivos Nacionales que le envíe para el viernes un detalle de los documentos recuperados en Mar-a-Lago.
Trump insinuó en un comunicado que no había nada turbio en las cajas guardadas en su resort en Florida. Dijo que fue “un gran honor” colaborar con los Archivos Nacionales para “ayudar formalmente a conservar el Legado de Trump”.
Jamás se ha presentado un caso en el que un excomandante en jefe fuera sancionado por violar la Ley de Archivos Presidenciales. Lee White, director de la Coalición Nacional para la Historia, dijo que el Congreso no mejoró la aplicación de esa ley cuando la actualizó en 2014.
“La ley confía en que el presidente en funciones respetará las reglas del juego”, dijo.
La Casa Blanca produce montañas de documentos, correos electrónicos, agendas y transcripciones. Se calcula que el gobierno de Barack Obama dejó 300 millones de emails —más de 1.000 millones de páginas si se los imprimiera— y otros 30 millones de documentos impresos.
Todos van a los Archivos Nacionales y Administración de Documentos de Estados Unidos mediante un trabajo minucioso destinado a impedir que se pierda un solo papel. Por ejemplo, la copia digital de un memorando no es suficiente si alguien lo imprimió y tomó notas en los márgenes durante una reunión.
White dijo que los archivistas explican todo esto al personal cuando asume un nuevo gobierno.
“Cuando a uno lo contrata la Casa Blanca, no se limitan a darle un escritorio. Le explican todas estas reglas”, afirmó. “Nadie puede argumentar que no sabía”.
Periodistas, historiadores y cualquier persona pueden solicitar documentos bajo la Ley de Libertad de Información cinco años después que el presidente finaliza su mandato.
Sin embargo, un expresidente puede extender la confidencialidad durante siete años más en ciertas circunstancias, por ejemplo, si los documentos incluyen notas confidenciales de colaboradores.
El presidente Bill Clinton optó por hacerlo con ciertos documentos relacionados con el intento fallido de su gobierno de aprobar una ley de atención de la salud. Un memorando que finalmente salió a la luz era de Ira Magaziner, un colaborador, a Hillary Clinton, en el que detallaba sus esfuerzos para cambiar la percepción pública de la debacle.
Ciertos documentos tardan aún más en salir a la luz. Por ejemplo, el presidente Lyndon Johnson grabó muchas de sus conversaciones privadas, que solamente estuvieron disponibles décadas después de su muerte.
Cuando Michael Beschloss, otro historiador, las escuchó, se encontró con un comandante en jefe inseguro acerca de la guerra de Vietnam: “no veo que sea posible ganar”, le dijo al secretario de Defensa, Robert McNamara, en 1965, justamente cuando ordenaba la escalada de las operaciones militares.
“Jamás lo habríamos sabido sin esas cintas”, relató Beschloss.
Aseguró que la preservación de los registros gubernamentales “llega al corazón de la democracia”.
“Si los presidentes pudieran ocultar o destruir cualquier documento que quieran y crear su propia versión de la historia, eso sería totalitarismo”, añadió.
