CIUDAD DE MÉXICO (AP) — El presidente de México señaló el jueves que seguirá presionando por una reforma del sector energético pese a que las autoridades de Estados Unidos han mostrado preocupación de que pueda cerrar su mercado, obstruir a la competencia y posiblemente violar el tratado comercial México-Estados Unidos-Canadá.
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Después de reunirse con el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador el miércoles, el enviado estadounidense para el clima John Kerry expresó “preocupaciones considerables” sobre el plan de México para favorecer a su compañía eléctrica estatal y limitar las firmas privadas y extranjeras que han invertido en energía renovable en México.
López Obrador dijo el jueves que con los cambios propuestos “no se afecta en nada al tratado”, pese a que el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) contiene cláusulas que prohíben que los países favorezcan sus propias industrias por encima de los competidores extranjeros.
Sin embargo, el mandatario reconoció que las compañías extranjeras han manifestado que el cambio de reglas afectaría la confianza de los inversionistas en el país.
“Que dicen, se está violando el Estado de Derecho, se quiere expropiar la industria eléctrica, no hay garantías para la inversión en México, no tenemos confianza”, indicó López Obrador. “No nos vamos a pelear con el gobierno de los Estados Unidos”.
Las compañías estadounidenses se han quejado enérgicamente sobre las reformas constitucionales propuestas por López Obrador en octubre. Las reformas continúan estancadas en el Congreso mexicano, donde necesitan una mayoría de dos terceras partes para ser aprobadas que el presidente no ha podido conseguir aún.
En un comunicado, la embajada de Estados Unidos aseveró que en las reuniones del miércoles, Kerry hizo mención “de las importantes preocupaciones que la administración Biden-Harris tiene sobre la actual propuesta de reforma energética de México, y el imperativo de impulsar economías abiertas y competitivas, en cumplimiento del T-MEC”.
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Los cambios garantizarían una participación mayoritaria del mercado para las plantas energéticas estatales que suelen quemar combustibles fósiles al tiempo que limitaría las compañías privadas de energía eólica, solar y de gas natural a una menor porción del mercado.
Muchas compañías estadounidenses en México han invertido en fuentes de energía más limpia o dependen de energía más barata producida por ellas.
Pero la afinidad de López Obrador por los combustibles fósiles es un tema latente. El mandatario mexicano suele hablar con nostalgia de su niñez en el estado petrolero de Tabasco y ha impulsado las inversiones en refinerías. Esas refinerías suelen producir aceite sucio como excedente, que tiene que ser incinerado en plantas del gobierno porque ya hay muy pocos compradores.
La iniciativa presentada en octubre cancelaría los contratos bajo los cuales 34 plantas privadas venden energía a la red nacional. El plan también declararía como “ilegales” a otras 239 plantas privadas que venden energía directamente a clientes corporativos en México. Casi todas esas plantas operan con fuentes renovables de energía o con gas natural.
Asimismo, la medida cancelaría muchos contratos de suministro energético a largo plazo y programas de adquisición preferencial de energías limpias, lo que afectaría principalmente a compañías extranjeras.
El plan coloca a las termoeléctricas privadas a gas natural casi al final de la fila por los derechos para vender electricidad a la red nacional —únicamente por delante de las plantas a carbón del gobierno_, a pesar del hecho de que su costo de producción es 24% menor. Las plantas del gobierno que consumen combustóleo tendrían preferencia respecto a las plantas solares y eólicas.
La propuesta le garantiza a la CFE (la Comisión Federal de Electricidad mexicana) una participación del mercado de “por lo menos” el 54%, a pesar de que el T-MEC prohíbe otorgar preferencias a compañías locales o del gobierno.
