En Sainte-Anastasie-sur-Issole, un pueblo que se enrosca como un gato en las verdes colinas de la región de Provenza, los votantes están comenzando antes las elecciones presidenciales de Francia.
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De sus urnas este fin de semana y el próximo saldrá el nombre del candidato, elegido entre docenas, que quieren que su alcalde respalde.
Normalmente, la decisión sería solo del alcalde Olivier Hoffmann bajo un derecho que en tiempos electorales convierte a los titulares de cargos públicos en piezas estratégicas cortejadas por posibles candidatos que necesitan el respaldo de 500 funcionarios electos para llegar a las elecciones de abril.
Pero en un clima electoral encendido y mientras el enojo de las personas que se oponen a las vacunas contra el covid-19 se enfoca cada vez más en los funcionarios electos, el alcalde incondicionalmente apolítico de Sainte-Anastasie no quiere que lo vean tomando partido.
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Piensa que es más seguro dejar que los 2 mil aldeanos elijan por él.
“Conozco a mucha, mucha gente en el pueblo, muchos son mis amigos, no quiero crear tensiones”, dijo Hoffmann en una entrevista telefónica. “Así que nada de política”.
“La política a menudo hace más daño que bien”, agregó.
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Incluso en un país con tradiciones arraigadas de contestación violenta, donde los revolucionarios de 1789 guillotinaron al rey Luis XVI y a la reina María Antonieta, un aumento de ataques físicos, verbales y por internet contra funcionarios públicos —ahora a menudo por las políticas sobre el covid-19— está haciendo sonar las alarmas.
La violencia no se ha acercado al nivel de Estados Unidos, como cuando partidarios de Donald Trump asaltaron la sede del Congreso en enero de 2021. Los legisladores franceses tampoco han sido asesinados como sus homólogos en Gran Bretaña. Allí, el apuñalamiento de un parlamentario en octubre renovó el examen de conciencia nacional sobre la seguridad de los funcionarios electos con una orgullosa tradición de reunirse con los votantes.
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Aún así, existe una creciente inquietud en Francia a raíz de los aparentes ataques con fuego en diciembre en las casas de un legislador y un alcalde, ambos alineados con el presidente Emmanuel Macron. La violencia contra los funcionarios electos crece a medida que el gobierno aumenta la presión sobre los no vacunados mientras busca frenar la ola de infecciones alimentadas por la variante ómicron.
El Ministerio del Interior registró un aumento anual del 47% en actos de violencia dirigidos a funcionarios electos durante los primeros 11 meses de 2021, con 162 legisladores y 605 alcaldes o sus adjuntos denunciando ataques. Los legisladores dicen que las amenazas de muerte se han convertido en hechos cotidianos. Titulado “decapitación”, un correo electrónico recibido por el legislador Ludovic Mendes en noviembre decía: “Así es como lidiamos con los tiranos durante la Revolución Francesa”.
Este mes, durante las protestas contra el pase covid que prohíbe a los no vacunados entrar a cafés y otros lugares, unas 30 personas enojadas asediaron la oficina del legislador Romain Grau, empujándolo y gritando furiosamente.
”¡Muerte! ¡Los atraparemos a todos!”, gritó un hombre que lanzó una bofetada a la cabeza del legislador. Grau dijo más tarde a la emisora TF1 que temía que la confrontación terminara “en un baño de sangre y un linchamiento”.
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En diciembre, el garaje del legislador Pascal Bois fue incendiado y alguien pintó con aerosol en una pared externa las frases “Vote no” y ”¡Va a estallar!”. Bois lo interpretó como un intento de intimidación antes de que el Parlamento aprobara este mes el pasaporte covid.
El presidente de la Asamblea Nacional, Richard Ferrand, dice que más de 540 de los 577 legisladores han denunciado amenazas o agresiones verbales y físicas.
“Francia no está bañada en fuego y sangre. Estos son actos de minorías brutales”, dijo Ferrand al canal de televisión parlamentario esta semana. “Sin embargo, me parece que hemos subido un escalón, expresando una rabia que es nueva”.
El sentimiento contra la vacunación también se combina con la ira residual entre los manifestantes de los “chalecos amarillos”. Sus manifestaciones frecuentemente violentas contra Macron sacudieron a su gobierno antes de la pandemia. Las protestas recientes contra las medidas por el covid-19 han visto nuevamente a algunos manifestantes con chalecos amarillos.
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Cuando Bernard Denis se despertó sobresaltado por un fuerte estruendo en medio de la noche en diciembre, el alcalde del pueblo normando de Saint-Côme-du-Mont descubrió que sus autos estaban en llamas y las palabras: “El alcalde apoya a Macron”, pintadas en negro en una pared.
También estaba escrito “presidente Zemour”, una aparente referencia mal escrita al candidato presidencial Eric Zemmour, un agitador de extrema derecha con repetidas condenas por discursos de odio.
Alrededor de 42 mil funcionarios electos están facultados para patrocinar a un candidato a la carrera presidencial. El límite de 500 respaldos busca reducir el campo. Para avalar a un candidato no se requiere estar de acuerdo con su política. Algunos patrocinadores simplemente quieren una opción electoral y política más amplia. Pero debido a que los respaldos son públicos, también tienen posibles consecuencias.
En Sainte-Anastasie, Hoffmann está ansioso por participar. Pero el alcalde quiere evitar cualquier riesgo de que los aldeanos se vuelvan contra él si decide solo.
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Hoffmann promete respaldar la decisión de los votantes, aunque el ganador no esté alineado con su propia política, que se guarda para sí mismo. En la segunda vuelta presidencial de 2017 que ganó Macron, la mayoría del pueblo votó por la líder de extrema derecha Marine Le Pen, quien se postulará nuevamente.
Los aldeanos elegirán entre unos 45 posibles candidatos, incluido Macron, quien Hoffmann supone que buscará la reelección a pesar de que el presidente aún no lo ha dicho.
Y así, Hoffmann espera que la armonía reinará en lo que él llama “el pueblo de mi corazón”.
