MIAMI (AP) — América Latina está experimentando un profundo deterioro de las libertades fundamentales tanto en países cuyos gobiernos han sido elegidos democráticamente como en otros en los que sus líderes se mantienen en el poder de manera cuestionada, dijo el jueves la organización de derechos humanos Human Rights Watch.
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“El 2021 es un año que nos deja con una enorme preocupación porque estamos viviendo un alarmante retroceso en libertades básicas que dábamos por sentadas en América Latina”, expresó la directora interina para las Américas de HRW, Tamara Taraciuk Broner, en una entrevista telefónica con The Associated Press. “Incluso líderes que llegaron al poder mediante elecciones democráticas han atacado a la sociedad civil independiente, la libertad de prensa y la independencia judicial”, añadió.
El deterioro de los derechos humanos en 15 países de la región -entre ellos Argentina, Brasil, Colombia, México, Cuba, Venezuela y Nicaragua- aparece en el Informe Mundial de 752 páginas que analiza la situación en 100 naciones de todo el mundo.
Según HRW, en Latinoamérica hay líderes democráticos como los presidentes de Brasil, Jair Bolsonaro; de México, Andrés Manuel López Obrador; y de Nicaragua, Nayib Bukele, que han implementado acciones para debilitar la independencia judicial generando “una situación muy delicada» para la democracia en la región.
Agregó que pareciera que los espacios que se fueron ganando tras la caída de las dictaduras militares décadas atrás, como el fortalecimiento del Poder Judicial, la libertad de expresión, el rol activo de la sociedad civil, están retrocediendo, explicó Broner.
Para HRW esto es claro en países a los que califica como dictaduras, entre los que incluye a Cuba, Nicaragua y Venezuela, pero también en otros democráticos.
“Están abusando de haber llegado al poder democráticamente, justamente para socavar la democracia que los atrajo al puesto que están ejerciendo”, dijo Broner y puso como ejemplo a Bolsonaro y a Bukele.
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En Cuba el gobierno realizó “abusos sistemáticos contra críticos y artistas, incluyendo detenciones arbitrarias, maltrato de detenidos y procesos penales abusivos, en respuesta a protestas mayormente pacíficas en contra del gobierno”.
Familiares y activistas de la isla indicaron que esta semana hubo procesos judiciales a 57 personas que protestaron en julio en reclamo de cambios en el gobierno hasta una solución al desabastecimiento de alimentos y medicinas. Según la organización cubana Justicia 11J hubo 1.300 arrestos de manifestantes y más de 200 procesados. Las autoridades alegaron que las protestas -algunas de ellas con actos de vandalismo-, fueron instigadas por opositores con apoyo de Estados Unidos.
En Nicaragua, donde el presidente Daniel Ortega acaba de asumir su cuarto mandato consecutivo, las elecciones de noviembre se realizaron “sin las más mínimas garantías democráticas”, dijo HRW.
En su campaña electoral el gobierno de Ortega detuvo a más de 40 líderes opositores, activistas y profesionales, incluidos siete aspirantes a la presidencia. Todos siguen presos junto a otros 120 “presos políticos”, de acuerdo con estadísticas de la oposición no confirmadas por las autoridades. El mandatario ha dicho que los arrestados buscaban desestabilizar a su gobierno con ayuda externa.
En Venezuela HRW ha denunciado la persecución de opositores y la desigualdad para competir en elecciones. En noviembre la fiscalía de la Corte Penal Internacional inició una investigación sobre posibles crímenes de lesa humanidad cometidos en la presidencia de Nicolás Maduro y expertos de las Naciones Unidas concluyeron que las autoridades judiciales habrían sido cómplices de abusos, indicó el informe de la organización de derechos humanos.
Maduro ha rechazado las críticas sobre el proceso electoral en su país y ha acusado a Estados Unidos, que junto con la Unión Europea ha implementado numerosas sanciones contra Caracas y sus funcionarios, de conspirar contra las elecciones.
En Brasil, explicó el reporte de HRW, Bolsonaro intentó intimidar al presidente del Tribunal Supremo Electoral por medio de insultos y amenazas y realizó acusaciones infundadas de fraude electoral.
El mandatario brasileño se dedicó durante semanas a criticar el sistema de sufragios de su país, denunciando a sus autoridades de presuntamente influir para que hubiera fraude. Después reconoció no contar con pruebas que respaldaran esas acusaciones. A pesar de ello ha continuado acusando al ex y al futuro presidente del tribunal electoral. El miércoles dijo que ambos apoyan a su principal oponente, el expresidente Luiz Inácio Lula da Silva.
En México, señaló HRW, López Obrador continuó sus ataques contra periodistas y defensores de derechos humanos y sus esfuerzos de “eliminar organismos públicos independientes que limitan su poder y por cooptar el sistema judicial para perseguir a enemigos políticos”.
López Obrador alega que quienes lo critican -periodistas, feministas, ecologistas- están al servicio de los conservadores y las fuerzas neoliberales y se jacta de ser el presidente más abierto a la prensa gracias a las conferencias que ofrece cada mañana. En ellas lanzó una sesión semanal llamada “Quién es quién en las mentiras de la semana” en la que se cuestiona a periodistas y medios que son señalados de publicar información falsa de su gobierno.
En El Salvador, dijo HRW, Bukele y sus aliados políticos en la legislatura reemplazaron de manera sumaria a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia con los que diferían y promulgaron leyes para remover a cientos de fiscales y jueces de instancias inferiores. Los nuevos magistrados allanaron el camino a una nueva postulación del presidente, a pesar de que la constitución lo prohibía.
Bukele sigue siendo muy popular en El Salvador y ese alto nivel de aprobación llevó a su partido Nuevas Ideas a derrotar a los partidos políticos tradicionales en las elecciones legislativas de 2021. Sus aliados en la Asamblea Legislativa sacaron de sus puestos a los miembros de la sala constitucional de la Corte Suprema en su primer día en el cargo. Esos jueces habían sido uno de los pocos controles al poder de Bukele. Los nuevos legisladores también destituyeron al Fiscal General y lo reemplazaron por un allegado a la administración del mandatario.
Para HRW hay un gran desafío para mantener vivas las libertades en la región.
“Si comparamos a la América Latina de hoy con la América Latina de hace unas décadas, al salir de la dictadura se empezó de a poco a ganar espacios democráticos y hoy pareciera que los estamos perdiendo”, expresó la directora interina de las Américas. “El trabajo es defender esos espacios democráticos que dábamos por sentados”.
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Periodistas de AP en Latinoamérica contribuyeron en esta nota.
