Jorge Sánchez Herrera – Nómena Arquitectura
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Arquitecto/Urbanista
jorge@nomena-arquitectos.com
La semana pasada mi columna ‘Un Sistema de Movilidad que nos mata’ fue duramente criticada en las redes sociales. Se me acusaba de querer exculpar a la conductora que atropelló y mató a dos jóvenes el pasado 11 de octubre en la Av. Javier Prado, responsabilizando, más bien, a los sistemas de movilidad del país. Obviamente creo que si un conductor es responsable de la muerte de una persona debe ser juzgado según la ley. Pero si cerramos el caso luego de ponerlo tras las rejas, estaremos mirando solo el árbol y no el bosque.
Si una combi arrolla y mata dos niños por estar haciendo carreras con su competencia, los responsables deben ser juzgados. Pero si no entendemos que, además de la irresponsabilidad de quien maneja, ese hecho es producto de un sistema de transporte ‘público’ donde (contrariamente a lo que sucede en el mundo entero) quien más pasajeros recoge es quien más dinero gana, entonces estamos dejando de ver el bosque.
Si un bus de transporte interprovincial cae a un precipicio matando 25 personas porque el conductor se quedó dormido o por un desperfecto mecánico, empresa y chofer deben ser juzgados. Pero si no entendemos que esos episodios ocurren porque la falta de fiscalización en pseudo terminales permiten que los choferes manejen más de lo debido, a velocidades mayores de las permitidas, en carreteras que no cuentan con los dispositivos mínimos de seguridad, entonces estamos dejando de ver el bosque.
Si un auto descontrolado atropella y mata a un peatón, el conductor debe ser juzgado. Pero si no entendemos que en el Perú los brevetes se compran y que, cuando no, los exámenes de manejo no permiten evaluar si una persona estará en condiciones de controlar esas toneladas de fierro que, a más de 30 km/h, son un arma mortal, entonces estamos dejando de ver el bosque.
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Mientras escribo estas líneas, un bus con 14 escolares acaba de caer a un abismo en la Carretera Central en Huarochirí. Podemos seguir discutiendo y especulando sobre los supuestos privilegios que Melissa González tiene ante la justicia. Pero mejor sería utilizar la indignación colectiva que la muerte de Joseph y Christian han causado para exigir, de una vez por todas, un real cambio en las políticas de movilidad del país. Solo así su muerte, y la de los otros más de 3.000 de peruanos por año en las pistas, alcanzará verdadera justicia.
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