La Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu) denegó la licencia institucional solicitada por la Universidad Particular de Chiclayo (UDCH), debido a que esta no cumplió con las Condiciones Básicas de Calidad (CBC).
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Esta decisión fue dada a conocer mediante una resolución de su Consejo Directivo. De esta manera la, UDCH deberá iniciar un proceso de cese paulatino de sus actividades, el cual no podrá superar los dos años. La Sunedu recordó que supervisará se respeten los derechos de los estudiantes durante el proceso.
La Universidad Particular de Chiclayo es una universidad privada de naturaleza asociativa, fundada en 1985. A la fecha, atiende a 6.234 estudiantes distribuidos en su sede principal y su filial en Jaén, región Cajamarca.
La universidad presentó su solicitud de licenciamiento institucional el 17 de octubre de 2016. Durante el proceso de licenciamiento, la Sunedu le remitió observaciones, le requirió un Plan de Adecuación (PDA) y realizó actuaciones probatorias en los locales de la universidad, a fin de recoger evidencias in situ del cumplimiento de las CBC.
A partir de todas estas diligencias y la información recogida, se determinó que la Universidad Particular de Chiclayo no cumplió prácticamente la totalidad (90%) de los indicadores evaluados.
Con la UDCH serían 11 universidades a las que se le denegó la licencia institucional. Las principales deficiencias encontradas son:
• La Sunedu identificó debilidades en la gestión institucional y planificación interna, que se materializa en deficiencias en el diseño de sus instrumentos de gestión para el logro de sus objetivos institucionales. Es decir, la Universidad no cuenta con un proyecto institucional articulado, cohesionado y consistente para la adecuada prestación del servicio educativo.
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• No se evidencia una gestión académica clara, definida y consistente que redunde en una propuesta alineada con los objetivos, recursos y procesos internos dentro de la Universidad. Al respecto, se identificó inconsistencias entre las horas efectivas de dictado y los planes de estudio, así como la organización de los cursos, lo cual no permite contar con información confiable y oportuna para la toma de decisiones de postulantes, alumnas y alumnos sobre sus estudios.
• La universidad declaró contar con 30 laboratorios y talleres (23 en la sede y 7 en la filial). Sin embargo, el 80 por ciento de ellos no cuenta con instrumentos de gestión para la identificación de peligros y control de riesgos. A esto se le suma que no logró evidenciar la disposición final de los residuos sólidos y líquidos peligrosos generados por sus laboratorios y talleres, a pesar de contar con programas de ciencias de la salud e ingeniería con más de veinte años de funcionamiento.
• Más del 50 por ciento de los programas ofertados no cuentan con ambientes de enseñanza pertinentes para la prestación del servicio educativo ni garantizan los recursos para el desarrollo de los cursos dictados. Asimismo, se constató que, en los programas ofertados en la sede central y la filial, hay notorias diferencias en el equipamiento y los ambientes, lo cual va contra el derecho de sus estudiantes a acceder a las mismas condiciones de calidad.
• La Universidad no ha demostrado el desarrollo sostenido y articulado de la investigación, como consecuencia de una débil capacidad de gestión, inconsistencia normativa y falta de una estructura orgánica claramente definida e institucionalizada.
Adicionalmente, no fomenta acciones orientadas a promover la actividad investigadora, pues los docentes encargados de desarrollar investigación no cuentan con la disponibilidad horaria para ejecutar los proyectos ni se evidenció la ejecución de proyectos de investigación financiados por la Universidad.
• El porcentaje de docentes a tiempo completo está por debajo del 25 por ciento que exige la Ley Universitaria. Además, todavía tiene profesores con grado de bachiller que no están comprendidos en el proceso de adecuación para alcanzar el grado de magister. Tampoco asegura procedimientos específicos para la gestión docente.
• La universidad no garantiza la continuidad de los servicios complementarios tanto en sede como en la filial, al no contar con los recursos necesarios. Tampoco cuenta con mecanismos de inserción laboral para sus estudiantes y egresados.
A estas deficiencias encontradas se suma una serie de sanciones y amonestaciones impuestas por la Oficina Regional del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi) de Lambayeque a la Universidad entre 2016 y 2019.
Estas sanciones están relacionadas con el incumplimiento en la regularización en el registro de notas de algunos alumnos, el incumplimiento del otorgamiento de grados y títulos dentro los plazos establecidos y la no prestación del servicio educativo, pese a que los estudiantes habrían cumplido con la realización de sus pagos, entre otros aspectos. Por estas faltas, la universidad recibió multas por un total de 445 UIT.
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