El ex defensor del Pueblo Walter Albán consideró que la elección de miembros para la Junta Nacional de Justicia (JNJ) “fracasó desde su diseño original” y que la renuncia de Pedro Patrón le puso “punto final” a este proceso.
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“Es un error craso que tendrá que ser explicado mejor por la comisión. Pone punto final a un proceso que fracasó desde su diseño original. Lo que hay que hacer ahora es sacar lecciones de esta situación y prever una evaluación totalmente distinta que considere aquello que es importante para quienes van a integrar esta junta”, señaló.
En Canal N, refirió que la evaluación en sí misma “estuvo mal pensada”, pues no tuvo en consideración el perfil que debían tener los miembros de la JNJ, cuya función principal es la designación de jueces y fiscales.
“Había varios casos de gente que hubiera sido idónea, pero con una evaluación como la que se hizo nunca llegaron. Quedaron excluidos después de las de conocimientos, gente que tenía todas las calificaciones, una trayectoria intachable […] en base a una prueba absurda en la que se les pedía cosas que no tienen nada que ver con el perfil de los que se busca para la Junta”, remarcó.
Albán consideró que parte de la responsabilidad de la fallida elección de miembros de la JNJ la tiene la Comisión de Constitución del Congreso, pues modificó el proyecto original del Ejecutivo y restó importancia a la contratación de profesionales de recursos humanos.
“Subvaluaron o no le dieron ningún mérito a la importancia de que hubiera un equipo técnico en la identificación de talentos desde la perspectiva de recursos humanos. Trastocaron todo en la Comisión de Constitución, le dieron la presidencia a la Defensoría del Pueblo que no tiene el soporte para manejar una cosa así, mucho menos llevar una secretaría técnica improvisada”, aseveró.
Finalmente, Albán consideró que no se debe agobiar a la Comisión Especial con plazos y dejó en claro que aprendiendo de las lecciones del primer proceso de evaluación, esta nueva búsqueda de integrantes para la JNJ podría tomar dos meses.
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“La experiencia indica que mucha presión sobre la Comisión puede tener un mal resultado, entonces tampoco hay que agobiarlos con el plazo. Yo creo que sacando lecciones de todo lo que ha ocurrido, tranquilamente este proceso podría ser de dos meses”, sentenció.
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