El Poder Judicial dejó al voto la apelación que presentó Jaime Yoshiyama en contra de la resolución que dispuso que sea trasladado desde el penal Miguel Castro Castro a pedido del Ministerio Público.
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La Segunda Sala Penal de Apelaciones Nacional Permanente Especializada en Crimen Organizado anunció que se pronunciará dentro del plazo de ley luego de escuchar a la fiscalía y al abogado de Jaime Yoshiyama, Humberto Abanto, en una audiencia esta mañana.
El investigado, quien está cumpliendo 36 meses de prisión preventiva desde que volvió al Perú desde Estados Unidos en marzo de este año, no hizo uso de la palabra y se mostró conforme con la defensa de su abogado.
Humberto Abanto negó que Yoshiyama haya cometido algún delito al haberse puesto en contacto con Pier Figari y con Luis Mejía para recomendarles que guarden silencio en lugar de declarar ante el Ministerio Público.
“Si mi cliente hubiera hablado de guardar silencio […] No es un consejo ilegal. Si se hubiera dado, no constituye obstaculización. El fiscal cree que aconsejar guardar silencio constituye obstaculización […] Eso es absolutamente imposible recibirlo por un órgano jurisdiccional porque hay un derecho constitucional a guardar silencio”, aseguró el abogado.
A su turno, el fiscal adjunto del equipo especial Lava Jato Hernán Mendoza señaló que sí es competencia del Poder Judicial determinar el traslado de algún interno si es que considera que hubo algún acto que entorpezca su labor, como lo consignaron en su pedido al citar a un colaborador eficaz que dio detalles de una reunión que tuvieron los tres investigados en el patio del penal Castro Catro.
“(Jaime Yoshiyama) les comentó que la estrategia era que guarden silencio porque iban a sacarlos a todos […] Ante esto decidimos promover un requerimiento para el traslado de internos a diferentes establecimientos penitenciarios porque es la única forma de obtener una respuesta (del Poder Judicial)”, indicó el fiscal.
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Cabe recordar que, debido a esta solicitud del Ministerio Público, Pier Figari fue trasladado del penal Miguel Castro Castro al penal Ancón I. Esto, luego que José Domingo Pérez acudiera al Instituto Nacional Penitenciario (INPE) para averiguar por qué no se había atendido la orden judicial dictada en mayo.
