El presidente del Consejo de Ministros, Salvador del Solar, consideró que el dictamen aprobado este martes por la Comisión de Constitución sobre uno de los proyectos de reforma política propuestos por el Ejecutivo “respeta el espíritu de lo que” el Gobierno busca con estas iniciativas.
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“Consideramos que lo que se ha aprobado ayer respeta el espíritu de lo que se busca, es decir, tenemos que proteger a la política de la corrupción, tenemos que fortalecer institucionalmente a la política […] Que se haya acordado […] que personas con sentencias penales no puedan participar en política, nos parece que es una señal en ese sentido”, sostuvo en conferencia de prensa desde la PCM.
En esa línea, Salvador del Solar aseguró que tras la cuestión de confianza se “ha abierto un capítulo nuevo de diálogo” con todas las bancadas del Parlamento y afirmó que este permitirá llegar a consensos antes que de los proyectos sean debatidos en la Comisión de Constitución.
“Lo que estamos haciendo con estas conversaciones es intercambiando opiniones sobre los temas más complejos de manera que tengamos tiempo de escucharnos y de tener espacios de generación de consenso para cuando lleguemos a la Comisión de Constitución a tratar estos temas”, indicó.
Como se recuerda, esta mañana el jefe del Gabinete tuvo una reunión de trabajo con miembros de la bancada de Fuerza Popular. Según informó el vocero titular del fujimorismo, Carlos Tubino, en el encuentro se dialogó acerca de los temas relacionados con la **reforma política **propuesta por el Ejecutivo al Parlamento.
El martes 11 de junio, Salvador del Solar, así como el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Vicente Zeballos, participaron en el debate de la Comisión de Constitución para exponer lo que el Ejecutivo considera como la esencia de los seis proyectos de reforma política sobre los cuales plantearon una cuestión de confianza al Congreso.
Fue tras esta exposición, que la comisión presidida por Rosa Bartra (Fuerza Popular) aprobó en un dictamen que se realicen cambios en los artículos 34 y 39 de la Constitución para impedir que personas con sentencia en primera instancia por delitos dolosos puedan ser candidatos a cargos de elección popular o elegidos para ocupar puestos de confianza en el Estado.
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