Este martes el juez Jorge Luis Chávez Tamariz titular del Tercer Juzgado Nacional de Investigación Preparatoria dictó 18 meses de prisión preventiva contra la ex alcaldesa de Lima, Susana Villarán en el marco de la investigación en su contra por los presuntos delitos de asociación ilícita, cohecho pasivo propio y lavado de activos en agravio del Estado.
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Para la congresista Rosa Bartra (Fuerza Popular) esta decisión “era esperable”. Sin embargo, lamentó que no se haya procedido aún con la acusación fiscal.
“Creo que un caso tan sólido como este, de tanta carga probatoria expuesta, se debía proceder a una acusación, es un caso antiguo, suficientemente probado y debería, por lo tanto, avanzarse hacia una acusación. Se ha puesto un plazo más corto que en los otros, pero a mí me sorprende el tratamiento diferenciado que hay entre este caso y otros”, sostuvo en diálogo con TV Perú Noticias.
Similar postura tuvo el legislador de Concertación Parlamentaria, Juan Sheput, quien cuestionó “el criterio con el cual se hace justicia” en el país. Recordó que existen casos en los que se dictan 36 meses de prisión preventiva en casos similares como el de Keiko Fujimori, pese a que no se trataba de funcionarios públicos.
“A personas que no son funcionarias públicas, los jueces les dan 36 meses y a la señora Susana Villarán que ha sido funcionaria pública, alcaldesa, que tiene en su allegado el señor José Miguel Castro, a una persona que indiscutiblemente está involucrada en actos incorrectos e ilegales, les da 18 meses”, señaló a RPP.
“Me parece que está mal. Más allá de las personas, es la percepción que está dejando el sistema de justicia del país de tener estándares diferenciados, formas absolutamente distintas de impartir la justicia e inclusive el activismo que se jacta de tener autoridad moral ha estado silente durante todo este proceso”, añadió.
Distinta opinión manifestó el portavoz del Nuevo Perú quien dijo “estar sorprendido” por el hecho de que solo se hayan dictado 18 meses contra la ex burgomaestre y resaltó la carga probatoria proveniente de Brasil.
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“Nos causa sorpresa que solo sean 18 meses, pero somos respetuosos del espacio jurisdiccional. Esta es una medida preventiva justamente para allanar el proceso, para evitar que se fugue cuando se inicie la acusación fiscal que ya debería darse con la suficiente carga de pruebas que existe y la información que ha llegado del Brasil”, indicó.
Destacó, en esa línea, la importancia del acuerdo de colaboración eficaz entre el Ministerio Público y la empresa Odebrecht para que casos como este hayan avanzado.
Finalmente, el parlamentario Víctor Andrés García Belaunde (Acción Popular) saludó la medida impuesta por el Poder Judicial, pero también cuestionó que aún no haya acusación pese a las pruebas existentes y a las confesiones realizadas por la ex alcaldesa de Lima.
“Creo que las cosas están claras. La propia señora Villarán lo ha reconocido. Me llama la atención que no haya una acusación ya con todas las pruebas que existen, esto tiene más de dos años. Me parece que la fiscalía se está demorando mucho y ahora pide una detención que yo creo que podría ser por menos tiempo y acusar rápidamente”, consideró en declaraciones a Canal N.
“Lo que no podemos hacer es jugar un poco con la prisión preventiva como una especie de adelanto de condena. Eso es lo que me parece que es preocupante”, advirtió.
