El abogado del ex presidente Ollanta Humala, Wilfredo Pedraza, aseguró este martes que plantear la posibilidad de que el Partido Nacionalista sea disuelto como lo dispone la acusación del fiscal Germán Juárez Atoche es “sumamente grave”, puesto que “no se estaría distinguiendo la organización de sus dirigentes” y “sería ilegal”.
PUBLICIDAD
El también ex ministro del Interior explicó que la ley especifica que “la única razón para disolver un partido es que sus idearios tengan relación con el terrorismo”.
“No está prevista esa posibilidad [la disolución de un partido político] en el código penal y, además, la ley de partidos políticos establece un mecanismo de sanción para los partidos cuando se vinculan al narcotráfico y cuando sus idearios tienen relación con el terrorismo que es la única razón por la cual un partido se puede disolver”, sostuvo en una entrevista con RPP Noticias.
“Lo que hay es una indebida interpretación de la norma. No distinguir la organización de sus dirigentes y plantearnos la posibilidad de una disolución me parece sumamente grave, la ley no lo permite. Acá hay un tema de legalidad”, señaló.
Pedraza cuestionó, en ese sentido, que el fiscal Juárez pretenda “hacer una analogía” del artículo 105° del Código Penal y aseguró que esta práctica está prohibida en el derecho penal.
Cabe destacar que el referido artículo establece que un juez puede suspender, eliminar o disolver una organización privada que puede ser una fundación, cooperativa y sociedades para aplicarlo con una organización política.
“Lo que el fiscal pretende es hacer analogía que está prohibido en el derecho penal, es decir, a esas formas de sociedades que el código establece, lo asimila a un partido político y eso no es posible. Eso significa hacer analogía en el derecho penal y es lo primero que aprendemos quienes hacemos derecho penal porque no se puede hacer”, manifestó.
PUBLICIDAD
Más temprano el fiscal Germán Juárez Atoche, miembro del equipo especial Lava Jato, presentó en el despacho del juez Richard Concepción Carhuancho, la acusación contra el ex presidente Ollanta Humala y su esposa Nadine Heredia.
En esa línea, pidió 26 años de prisión para la ex primera dama y 20 años para el ex mandatario al ser sindicados como presuntos cabecillas de una organización criminal dedica al lavado de activos en el marco del caso Odebrecht.
En dicho pedido, Juárez también requirió la disolución de su agrupación política, el Partido Nacionalista Peruano (PNP) que es sindicado por el Ministerio Público como una organización criminal que habría recibido dinero ilegal para financiar las campañas presidenciales del 2006 y 2011.
