El debate sobre el proyecto para crear una autoridad autónoma de control e integridad del Poder Judicial y del Ministerio Público a propuesta del Poder Ejecutivo quedó en suspenso en el pleno del Congreso.
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Luego de más de dos horas de debate, los presidentes de las comisiones de Justicia, Alberto Oliva (Peruanos por el Kambio), y de Constitución, Rosa Bartra (Fuerza Popular), solicitaron que el debate pase a un cuarto intermedio para atender las observaciones de otros parlamentarios sobre los dictámenes que habían presentado.
“Habiendo escuchado a los demás colegas, hemos coordinado con la Comisión de Constitución para poder pasar a cuarto intermedio para poder incluir pedidos de los señores congresistas”, indicó Oliva al finalizar el debate.
La Comisión de Justicia habían presentado un informe en el cual planteaba unir en una sola instancia dos autoridades diferentes que planteó el Poder Ejecutivo. Así, la labor de control sobre el Poder Judicial y Ministerio Público recaerían en una Superintendencia Nacional de Integridad y Control del Sistema de Justicia.
Esta entidad tendría autonomía técnica, funcional, económica, presupuestal y administrativa.
Mientras tanto, la Comisión de Constitución en su dictamen aprobó la creación únicamente del Sistema Nacional de Integridad y Control del Poder Judicial.
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Observaciones en el debate
Durante el debate, algunos congresistas solicitaron que se incluyan diversos aspectos que no estaban contemplados en los dictámenes de las comisiones que evaluaron los proyectos de reforma judicial que planteó el Ejecutivo en el mes de agosto del 2018.
“Hay una necesidad de que las personas que apunten a este nuevo espacio no tengan militancia política. Esto ya se pide para el Poder Judicial, se pide para el Ministerio Público y no resulta entendible por qué no sería también un requisito aquí”, indicó Alberto de Belaunde (Bancada Liberal).
De otro lado, congresistas de Fuerza Popular y de Concertación Parlamentaria, observaron el riesgo de que haya algún tipo de problema por la creación de una autoridad de control cuando las labores de fiscalización de los magistrados recaerían en la Junta Nacional de Justicia.
“Tiene que quedar definido que, más allá del voluntarismo que podamos tener en el Parlamento, es que no podemos modificar la Constitución a través de una ley ordinaria […] Me parece que hay que dejar sentado que el debate se tiene que dar sobre la línea propuesta por el Poder Ejecutivo y recogido de manera adecuada por la Comisión de Constitución”, dijo a su turno Gilbert Violeta, de Concertación Parlamentaria.
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