La Autoridad de Transporte Urbano , entidad creada por la Ley 30900, deberá iniciar sus actividades desde el 1 de abril, según informó el Ministerio de Transporte y Comunicaciones (MTC).
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Desde enero del presente año, los voceros del mencionado portafolio realizan constantes reuniones de trabajo con distintos actores de las municipalidades de Lima y Callao, que pasarán a ser parte de la ATU.
Los representantes del equipo de transferencia de la ATU, Fernando Perera, presidente de Protransporte; Ramón Huapaya, asesor de despacho ministerial del Ministerio de Transportes y Comunicaciones; Paola Lazarte, representante de la comisión de transferencia de la ATU; y Joanna Fischer, abogada de la comisión de transferencia de la ATU; se reunieron ayer con los concesionarios de los distintos corredores viales de Lima.
“En esta reunión se aclararon las dudas y consultas de los concesionarios y se determinaron los aspectos comunes a considerar en la adenda, como la fiscalización, sostenibilidad económica financiera, sistema único de recaudo, entre otros” indicó el MTC.
Asimismo, se revisó la adenda que permitirá la cesión de posesión de los contratos de concesión de los corredores viales, informaron. Además que en este encuentro se llegó a acuerdos y cronogramas de trabajo con cada una de las empresas para que se puedan revisar los aspectos particulares de cada uno de los corredores.
“Se seguirán armando los cronogramas de trabajo y concretando los procesos con los concesionarios del Metropolitano y otros que pasarán a formar parte de la Autoridad de Transporte Urbano”, informaron.
La ATU estará presidida por un consejo directivo conformado por ocho integrantes, designados por cinco años. Entre los miembros estarán dos funcionarios propuestos por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), uno de los cuales tendrá la responsabilidad de presidirlo. También estarán un integrante promovido por el Ministerio de Economía y Finanzas y otro propuesto por el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento. Los otros cuatro miembros serán propuestos por las municipalidades provinciales, en proporción al número de habitantes y conforme al reglamento.
