A diferencia de hace unos años, cuando generaba pasiones a favor y en contra, el reingreso a prisión de Alberto Fujimori ha dividido opiniones, pero no ha causado mayor impacto en la sociedad peruana, profundamente identificada con la lucha anticorrupción liderada por el presidente Martín Vizcarra.
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Fujimori, de 80 años y quien gobernó Perú entre 1990 y 2000, fue reenviado este miércoles a la misma prisión donde cumplía su condena a 25 años de cárcel por crímenes de lesa humanidad hasta el 24 de diciembre de 2017, cuando fue indultado por el ahora también expresidente Pedro Pablo Kuczynski (2016-2018).
Esa medida generó desde la misma nochebuena de 2017 grandes movilizaciones ciudadanas que se prolongaron a lo largo de semanas y se reactivaron cuando en octubre pasado un juez anuló el indulto por irregularidades que implicaban un aparente acuerdo político.
Fujimori ingresó de inmediato en una clínica de Lima donde permaneció durante 112 días alegando problemas de salud que ponían en riesgo su vida, aunque sus opositores manifestaron que en realidad buscaba evadir el cumplimiento de la orden judicial.
Aunque la Corte Suprema aún debe tomar una decisión sobre el recurso presentado por su defensa para que se deje sin efecto la anulación del indulto, esta semana ordenó que el exgobernante sea evaluado por una junta médica, que determinó que su salud era estable y, por tanto, debía volver a prisión.
De esa manera, Fujimori regresó a la celda en el penal de Barbadillo, en el este de Lima, donde estuvo encarcelado desde 2007, sin que se produzcan mayores manifestaciones públicas a favor o en contra, salvo la protesta de un pequeño grupo de sus seguidores.
Lejos quedó la época en que el Chino, como se le conoce en Perú, convocaba a miles de miles de personas, e incluso sus detractores tomaron el anuncio de su reingreso a la cárcel sin mayores estridencias y casi en absoluto silencio.
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Solo el abogado de Fujimori, César Nakasaki, señaló este viernes en el Canal N de televisión que cree que “había la decisión de meter preso a Alberto Fujimori sí o sí” y consideró que en este proceso hubo “un tema ideológico claro”.
Ante esto, el presidente del Poder Judicial, José Luis Lecaros, negó “rotundamente” que se dieran presiones tras la decisión de ordenar el regreso de Fujimori a una celda.
“Niego rotundamente eso, no hubo presión ni del Ejecutivo ni el Legislativo, ni de nadie, es una decisión totalmente libre y autónoma que tomaron los miembros de Sala Suprema Penal Especial”, declaró Lecaros a la agencia oficial Andina.
Desde el plano familiar, Keiko Fujimori, la hija mayor del expresidente, que también está presa mientras es investigada por un presunto lavado de activos, manifestó que siente un “profundo dolor” y pidió a los jueces y médicos que tengan compasión con su padre.
Su hermano menor, el excongresista Kenji Fujimori, fue el único de los hijos que acompañó al expresidente en su retorno al penal, tras lo cual sostuvo que “la vida continúa”.
Poco antes de abandonar la clínica, Fujimori había publicado una carta manuscrita en la que afirmó que el final de su vida está cerca, debido a las dolencias que padece.
Al respecto, el cardenal Pedro Barreto, arzobispo de la ciudad andina de Huancayo, pidió que se respete su condición de expresidente, pero remarcó que “la justicia es para todos”.
“A nadie le deseo la cárcel. Hay que respetar al expresidente que ha tenido virtudes y defectos, pero el Poder Judicial lo ha condenado”, enfatizó Barreto en el Canal N, antes de añadir que el indulto “era una especia de misericordia sin justicia”.
Consideró, por ese motivo, que su nueva prisión “se ha convertido en una forma de justicia con misericordia, porque va a estar en condiciones que no tiene la gran mayoría de internos del país”.
Durante los últimos años que estuvo en la cárcel, Fujimori era periódicamente trasladado a clínicas de Lima para tratarse males crónicos propios de su edad, como hipertensión arterial, una hernia lumbar, gastritis y fibrilación auricular paroxística, además de unas lesiones en la lengua, conocidas como leucoplasia, de las que fue operado hasta en seis ocasiones.
A Fujimori le quedan por cumplir más de 14 años de la condena que recibió en 2009 como autor mediato (con dominio del hecho) de las matanzas de Barrios (1991) y La Cantuta (1992), cometidas por el grupo militar encubierto Colina, además de por los secuestros de un periodista y un empresario en 1992.
EFE
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