Había una vez en que las obras públicas se otorgaban con base en concursos públicos de arquitectura. El Centro Cívico, la sede de Petroperú, el Ministerio de Pesquería (hoy Museo de la Nación), el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, la Biblioteca Nacional… Dicen, los arquitectos de esos tiempos, que había tantos concursos que era imposible participar en todos. Eran tiempos de vanguardia para la arquitectura y los arquitectos peruanos.
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Hoy, casi treinta años después de su prohibición, los concursos de arquitectura están de vuelta. Luego de un gran esfuerzo colectivo del gremio de arquitectos, el último día del año pasado se publicó la modificación al reglamento de la ley de contrataciones del Estado, que contempla la opción de que cualquier entidad pública pueda convocar un concurso de arquitectura antes de la licitación de la obra.
Se trata de un cambio fundamental. A partir de ahora, el criterio económico dejará de ser el único para juzgar la elección de un futuro edificio público. Ahora también se podrá evaluar, por ejemplo, la relación del edificio con su entorno, la calidad de los espacios para los usuarios, la pertinencia y durabilidad de sus materiales, la coherencia de su estructura, la contemporaneidad de la propuesta. Es decir, se tendrá en cuenta el diseño arquitectónico antes de decidir la construcción de un edificio de todos, nada menos.
A partir de ahora, y tal como sucede en países vecinos como Colombia, Chile, Argentina y muchos otros en otros continentes, los más de 20.000 arquitectos colegiados podrán tener la oportunidad de diseñar obra pública, en una relación de retroalimentación que mejorará enormemente la calidad de ambos.
Se ha logrado lo más difícil, pero ahora viene lo más trabajoso. Al ser facultativa y no obligatoria la convocatoria de estos concursos de arquitectura, comienza otra etapa. La de difundir y convencer a las miles de instancias estatales de los beneficios que tiene el usar este mecanismo. Y aunque los gobernantes deberían actuar sin mayor interés que el de servir, el rédito político por dejar un edificio de calidad y trascendente para la comunidad es uno de ellos, por ejemplo.
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