La Defensoría del Pueblo, encabezada por Walter Gutiérrez, solicitó al Congreso de la República ver a la brevedad una reforma a la Ley Orgánica del Ministerio Público a fin de no repetir los últimos acontecimientos que involucran al fiscal de la Nación, Pedro Chávarry, y la crisis institucional que enfrenta esta entidad.
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En un pronunciamiento público difundido a través de redes sociales, se postula como una solución transitoria la regulación de las actuales atribuciones del fiscal de la Nación, “a fin de que se eviten actos arbitrarios o interferencias con las labores de investigación fiscal”.
“En la misma línea, se podría fijar de mejor forma las competencias de la Junta de Fiscales Supremos, permitiendo que se integren a ella los fiscales supremos adjuntos, siempre que cumplan ciertos requisitos de idoneidad para el cargo. (…) y que se dote a esta instancia de competencia para suspender de sus funciones al fiscal de la Nación cuando este incurra en actos manifiestamente inconducentes o arbitrarios”, se agrega.
La Defensoría del Pueblo resalta la importancia del Ministerio Público para preservar el Estado de Derecho y la democracia en el país, pero señala que su organización interna y atribuciones se encuentran “insuficientemente reguladas” debido, principalmente, a que su Ley Orgánica fue promulgada en 1981.
“Como puede comprenderse, el cambio de Constitución y de otras normas importantes así como el desarrollo de nuevos preceptos constitucionales introducidos por la jurisprudencia del Tribunal Constitucional han provocado que esta ley se encuentre actualmente desfasada”, se sostiene.
Por ello, manifiestan que la Ley Orgánica del **Ministerio Público **debe ser “correctamente interpretada a fin de ser compatible con nuestro modelo de Estado Constitucional de Derecho”.
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Remoción de fiscales
En relación a la decisión de Pedro Chávarry en apartar a los fiscales Rafael Vela y José Domingo Pérez del equipo especial Lava Jato, la Defensoría concluye que este hecho “constituye un acto carente de debida motivación”.
“El cambio intempestivo e inmotivado de fiscales que vienen desarrollando una investigación emblemática, compleja y de trascendencia nacional, perjudica la acción del Ministerio Público, pues detiene o demora las investigaciones en curso y reduce las posibilidades de defensa de los procesados”, se indica.
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