El vocero de la Bancada Liberal, Alberto de Belaunde, consideró que el Ministerio Público no debe seguir al mando del fiscal de la Nación, Pedro Chávarry, ni de la Junta de Fiscales Supremos, integrada además por Tomás Gálvez Villegas, Pablo Sánchez, Zoraida Ávalos y Víctor Rodríguez Monteza.
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“Cada vez existe más consenso en que el Ministerio Público no puede seguir en manos de estos fiscales supremos. Lo lamento por Zoraida Ávalos y Pablo Sánchez, que me parecen personas probas y correctas para el puesto”, afirmó en entrevista con Canal N.
En ese sentido, De Belaunde destacó que sí es necesario que Zoraida Ávalos y Pablo Sánchez “tengan que salir para empezar esta regeneración” en el Ministerio Público, pues “tendrá que ser ese el paso que se siga”.
Por su parte, la congresista Marisa Glave (Nuevo Perú) también se mostró en esta línea y manifestó que “más allá del respeto y aprecio” que se pueda tener por algunos integrantes de la Junta de Fiscales Supremos, todos son responsables de la situación que atraviesa el Ministerio Público.
“Más allá del respeto y el aprecio que se le pueda tener a algunos miembros de la Junta de Fiscales, es la junta en su conjunto la que ha fallado y hay cuestionamientos a su funcionamiento como colectivo y ese colectivo debió dar un paso al costado y debió ayudar a un proceso de solución dentro del Ministerio Público”, aseguró.
Juan Sheput (Peruanos por el Kambio), de otro lado, expresó su rechazo a una posible salida de los fiscales supremos Zoraida Ávalos y Pablo Sánchez de la Fiscalía de la Nación.
“Creo que no se tiene que meter a todos los fiscales en el mismo saco. Hay dos fiscales, Pablo Sánchez y Zoraida Ávalos, que han hecho los méritos suficientes como para no ser sacados”, precisó el legislador en RPP.
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Cabe mencionar que el proyecto de ley entregado por el presidente Martín Vizcarra al Congreso de la República plantea declarar en emergencia el Ministerio Público, tras los cuestionamientos originados a raíz de la remoción de los fiscales Rafael Vela y José Domingo Pérez del Equipo Especial Lava Jato, que luego fue dejada sin efecto.
Este proyecto propone suspender las atribuciones de fiscal de la Nación y de los otros cinco integrantes de la Junta de Fiscales Supremos, entre otras cosas.
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