Internacional

Brexit: historia de un divorcio «en diferido»

Si bien algunas consecuencias menores son ya visibles, el grueso de los cambios que conllevará el Brexit no se producirá inmediatamente, sino en diferido.

0044687073 (FILES) In this file photo taken on March 29, 2017 a pro-remain protester holds up an EU flag near the Elzabeth Tower, commonly known as Big Ben, at the Houses of Parliament shortly after British Prime Minister Theresa May announced to the House of Commons that Article 50 of the Lisbon Treaty had been triggered in London. Britain is set to leave the EU on March 29, 2019, almost three years after the referendum vote for Brexit, having triggered the two-year Article 50 withdrawal process in 2017, and negotiations on the future partnership are meant to be wrapped up by October. / AFP / OLI SCARFF (OLI SCARFF/AFP)

Por Jorge Tuñón | Profesor de la Universidad Carlos III y colaborador de OBS Business School

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Hace un mes que se arrió en Bruselas la bandera de la Union Jack para simbolizar el final de casi medio siglo de matrimonio (no demasiado bien avenido) entre la Unión Europea (UE) y el Reino Unido (RU). Los divorciados intentan rehacer sus vidas, si bien no se trata de una separación al uso. Las heridas tardarán en cicatrizar, puesto que todavía comparten techo. Es decir, ya separados, se han dado un periodo de transición para determinar los términos que regirán sus nuevas vidas.

En definitiva, poco ha cambiado (por el momento) desde que el pasado 1 de febrero la Unión Europea y el Reino Unido separasen oficialmente sus caminos. Ni hay fronteras colapsadas en Gibraltar o Irlanda, ni los expatriados se han quedado sin asistencia sanitaria, ni hay escasez de medicinas, combustible, jamón ibérico o aceite de oliva en los supermercados de Londres. Incluso el roaming sigue funcionando, tanto para los británicos en territorio europeo, como para los comunitarios en el Reino Unido.

¿Tanta historia para esto, tras casi cuatro años de negociaciones, prórrogas y desencuentros? Por el momento sí. Si bien algunas consecuencias menores son ya visibles, el grueso de los cambios que conllevará el Brexit no se producirá inmediatamente, sino (como explicaba alguna antigua ministra española) en diferido. Al menos, hasta el 31 de diciembre de este 2020 la antigua pareja deberá seguir haciendo vida común, casi como si nada hubiese sucedido. Tras la salida oficial del Reino Unido se ha iniciado un periodo de transición de once meses en el que las partes deberán negociar su futura relación comercial, además de varias otras cuestiones de gran calado no resueltas hasta la fecha. Una transición que bien podría ser mucho más extensa si las partes (como a día de hoy parece más que razonable) entendiesen antes del 1 de julio del 2020 que once meses son un periodo exiguo de negociación y optasen por extender la misma uno o dos años más, hasta el 31 de diciembre de 2021 o de 2022. De hecho, hay todavía mucho en juego. Si bien ya parece inviable una vuelta atrás en el proceso, el fantasma del Brexit sin acuerdo planeará durante todo el periodo de transición, según vayan las negociaciones y avancen los plazos.

¿Cuáles son entonces las consecuencias inmediatas del Brexit? Más allá de que hoy el Reino Unido es formalmente un tercer estado, mayormente son de tipo institucional. Los 73 eurodiputados británicos no volverán a sentarse en su escaño y solo 27 de los mismos serán ocupados por parlamentarios de otros 14 Estados miembros, entre ellos cinco españoles (una de ellos es Clara Ponsatí, que se unió a Carles Puigdemont y Toni Comín); con lo que el hemiciclo ha reducido su tamaño de 751 a 705 escaños. Igualmente sucederá en otras instancias. Ni Boris Johnson volverá a acudir a una Cumbre de Jefes de Estado y Gobierno, ni ninguno de sus ministros al Consejo de Ministros. Asimismo, han abandonado o abandonarán en breve su puesto el juez británico del Tribunal de Justicia de la UE, el del Tribunal General de la UE o la abogada general, mientras que los funcionarios británicos en Bruselas podrán mantener su trabajo, pero no se beneficiarán de posibles ascensos. Mientras tanto, la UE ya ha designado al portugués João Vale de Almeida como su primer embajador post-Brexit en Londres.

Poca cosa parece a priori, ya que el periodo transitorio (termine el 31 de diciembre de 2020 o más adelante) mantiene el statu quo y, por tanto, el Reino Unido deberá cumplir las normas europeas (pero sin participar en la elaboración de las mismas) y contribuir al presupuesto, ya que su relación con la UE seguirá funcionando sin cambios para los ciudadanos, empresas, consumidores, estudiantes o profesionales, entre otros. Es decir, Londres seguirá disfrutando del mercado interno y de la unión aduanera, mientras que los ciudadanos a ambos lados del canal de la Mancha podrán residir y desplazarse como hasta la fecha. Por tanto, parece todavía lejana la profecía de los brexiters eurófobos de abandonar la UE para «retomar el control».

Sin embargo, en diferido y a partir al menos de año nuevo de 2021, las consecuencias del Brexit pueden ser más que relevantes:

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a) una disminución de en torno a unos 70.000 millones de euros del presupuesto europeo para el Marco Financiero Plurianual 2021-2027, que se está negociando estos días en Bruselas. Ello implicará consecuencias directas para España, ya que se barajan disminuciones de en torno al 10 % de los fondos percibidos con motivo de la Política Regional y de la Política Agraria Común;

b) los derechos de los residentes extranjeros no deben cambiar a ambos lados del canal, si bien la situación no está clara para los que quieran establecerse una vez finalizado el periodo de transición;

c) las relaciones comerciales están a expensas de alcanzar un acuerdo comercial privilegiado, en cuyo defecto regirán las normas de la Organización Mundial del Comercio, lo que podría suponer la entrada en vigor de aranceles o/y barreras comerciales;

d) el DNI y la Tarjeta Sanitaria Europea seguirán siendo válidos hasta el final del periodo de transición y, probablemente, no tengan utilidad finalizado el mismo;

e) algo parecido sucederá con la política pesquera que permite a los armadores españoles faenar en aguas británicas todavía y que supone casi una décima parte de las capturas nacionales así como unos 8500 empleos (directos e indirectos);

f) el programa Erasmus que permite la movilidad europea de estudiantes universitarios operará con el RU solo hasta el curso 2020/2021 incluido, pero en principio y, salvo que se acuerde lo contrario, no podrá extenderse más en el tiempo;

g) y por último siempre nos quedará Gibraltar. Una situación compleja por el derecho a veto español sobre la cuestión, que ahora será también europea y que afecta a más de 13000 trabajadores transfronterizos en el Campo de Gibraltar, de los cuales más de dos tercios son españoles.

En definitiva, las negociaciones del Brexit continúan «en transición» y la resolución del divorcio «en diferido» se hará esperar, todavía.

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