Puerto Príncipe. Esos millones de dólares iban a servir para reubicar a las víctimas del gran terremoto de Haití en 2010, pero acabaron financiando proyectos cuestionables, hoteles o edificios ministeriales cuyas obras están en suspenso.
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El Tribunal de Cuentas haitiano acaba de publicar la segunda parte de su investigación sobre Petrocaribe, un fondo de desarrollo impulsado por Venezuela, que ha resultado ser un ejemplo de gestión desastrosa y de corrupción.
Meses después de la catástrofe que devastó varias ciudades del país, incluida Puerto Príncipe, y mató a más de 200,000 personas en 2010, el Estado firmó con dos empresas dominicanas cinco contratos para rehabilitar por completo el barrio pobre de Fort Nacional. Las autoridades también anunciaron la construcción de decenas de edificios en terrenos abandonados en el centro de la capital.
Esos contratos de US$314 millones se firmaron con “una ausencia total de libre competencia, transparencia y respeto de la ética”, denuncia el Tribunal de Cuentas.
Ausencia de ética
Poco a poco, los contratos originales se fueron desviando de su objetivo, describe el informe. Unos US$10 millones se gastaron así en la construcción, de calidad dudosa, de un edificio ministerial, y US$8 millones se dedicaron a levantar un parque industrial que aún está inacabado. El dinero para esas obras procedía del fondo Petrocaribe.
Entre 2008 y 2018, Haití se benefició del programa instaurado por el ex presidente venezolano Hugo Chávez, que permitió que varios países latinoamericanos y del Caribe adquirieran productos petroleros a buen precio y conseguir recursos para proyectos de desarrollo.
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Ese fondo, que siempre se consideró como una fuente de derroche y de corrupción, ya dio lugar a sendas investigaciones senatoriales en 2016 y 2017. Desde mediados de 2018, el movimiento ciudadano “Petrocaribe Challenge” multiplicó las manifestaciones, llevando al Tribunal de Cuentas a iniciar su investigación.
Tras un primer informe difundido en enero, el segundo tomo, publicado este viernes, revela numerosas violaciones de las leyes de licitaciones y de las normas fiscales. Unas irregularidades que apuntan a posibles casos de malversaciones y de corrupción.
El gobierno decidió abandonar los programas para los afectados por el terremoto en julio de 2012. Tras firmar una modificación de los contratos de 2010, esos fondos se destinaron a la construcción de ministerios o a infraestructuras turísticas en la ciudad costera de Jacmel.
El Tribunal de Cuentas criticó esas reasignaciones presupuestarias y destacó que, durante su auditoría, no pudo localizar los contratos firmados entre los ministerios y las empresas.
Obras abandonadas
Los pocos informes de supervisión de obras encontrados por los magistrados demuestran una gestión deficiente, cuando no fraudulenta de los fondos públicos. Empresas contratadas no respetaron las normas de construcción, utilizaron material de mala calidad y, en algunos casos, obras supuestamente terminadas resultaron estar inacabadas.
Un amplio proyecto inmobiliario para realojar a las víctimas del terremoto, que preveía la construcción de 314 edificios con apartamentos y comercios, no se llevó a cabo. Apenas se inauguró una decena de viviendas en Fort Nacional gracias a una agencia de Naciones Unidas.
Ese barrio, situado a menos de un kilómetro del palacio presidencial, es un laberinto de construcciones caóticas, en el que residen miles de habitantes en condiciones insalubres.
Tras la publicación de su informe, los jueces del Tribunal de Cuentas informaron que estaban editando los documentos que les permitirán iniciar acciones judiciales.
Dos ex primer ministros haitiano, Jean-Max Bellerive y Laurent Lamothe, cuatro ministros y dos secretarios de Estado son designados como responsables de las irregularidades vinculadas a los proyectos de realojamiento de los afectados por el terremoto.
Fuente: AFP
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