Naciones Unidas. La relatora especial de la ONU **sobre ejecuciones extrajudiciales, **Agnes Callamard, aseguró este jueves que la decisión de Ecuador **de facilitar el arresto de **Julian Assange en el Reino Unido** pone al fundador de WikiLeaks en riesgo de sufrir serias violaciones de los derechos humanos.**
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******Callamard**, a través de Twitter, dijo que las autoridades británicas han mantenido a **Assange **”detenido arbitrariamente” durante 7 años, posiblemente poniendo en peligro su vida.
Según la experta, el arresto sitúa a **Assange **”un paso más cerca de la extradición a Estados Unidos” y, por tanto, le “expone al riesgo de serias violaciones de los derechos humanos”.
**Callamard**, que es una experta independiente, dirige además el proyecto sobre libertad de expresión global de la Universidad de Columbia, en Nueva York.
El pasado viernes, el relator especial de Naciones Unidas sobre tortura,** Nils Melzer, ya había advertido también de los riesgos a los que se enfrenta Assange de ser extraditado a Estados Unidos.**
****Melzer, que emitió entonces un comunicado ante los rumores de una posible expulsión de **Assange **de la embajada ecuatoriana en Londres, había pedido a Quito que no diese ese paso “hasta que pueda garantizarse la protección completa de sus derechos”.
Assange estaba refugiado en la embajada de Ecuador en la capital británica desde junio de 2012 para evitar su extradición a Suecia, que entonces solicitaba su entrega por presuntos delitos sexuales.
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En 2010, WikiLeaks divulgó más de 90.000 documentos clasificados relacionados con acciones militares estadounidenses en Afganistán, cerca de 400.000 documentos secretos sobre la guerra de Irak y 250.000 cables diplomáticos provenientes del Departamento de Estado de Estados Unidos.
Su arresto este jueves respondió a una petición de extradición de Estados Unidos, así como al hecho de haber violado las condiciones de libertad condicional en 2012, informó Scotland Yard.
El Gobierno estadounidense acusa a Assange de “conspiración para infiltrase” en sistemas del Gobierno con el objetivo de acceder a información clasificada, un cargo por el que podría ser condenado a una pena de hasta cinco años de prisión.
Fuente: EFE
