San Salvador. El Congreso de **El Salvador **retiró este lunes la inmunidad al magistrado de la Corte Suprema Eduardo Jaime Escalante Díaz, para que enfrente a la Justicia por supuestamente abusar sexualmente de una niña de 10 años, un hecho inédito en la historia reciente del país centroamericano.
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La propuesta de una comisión especial de antejuicio para desaforar a Escalante fue avalada por los 82 diputados presentes en la sesión, de los 84 que conforman el pleno del Congreso.
Con esta decisión, los legisladores también suspendieron al magistrado del “ejercicio de sus funciones” y pasaron el proceso a un tribunal de segunda instancia para que enfrente un proceso por el delito de agresión sexual agravada contra una menor de edad.
El dictamen, aprobado durante una sesión extraordinaria a la que asistió el magistrado señalado, concluye que “existen indicios suficientes y razonables” para ubicar a Escalante en el lugar de los hechos y relacionarlo con la comisión del citado delito.
El documento, leído en el pleno, relata que la noche del 18 de febrero pasado la víctima se encontraba jugando fuera de la casa de un familiar con un amigo y “vio que había un hombre desconocido que les tiró monedas” en la central localidad de Soyapango.
Añade que, según la declaración de la niña y otro testigo, Escalante le tocó los genitales de la víctima y huyó tras escuchar los gritos de una vecina.
En el lugar quedó abandonado un vehículo, propiedad de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) asignado al magistrado y en el que se localizó una arma de fuego propiedad de Escalante.
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El dictamen señala que la niña describió “claramente” a Escalante en su declaración ante los fiscales, misma que coincide con lo relatado por la madre de la menor y otros testigos.
La diputada Patricia Valdivieso, de la Alianza Republicana Nacionalista (Arena) elegida como fiscal del proceso administrativo, señaló que con el desafuero de Escalante “se está sentando un importante precedente” en favor de las víctimas de funcionarios con inmunidad constitucional.
Por su parte, la abogada defensora de Escalante, Ana Concepción Urias, criticó a los diputados por revelar públicamente los detalles de la denuncia del caso en intervenciones “inútiles”.
La misma se negó, por orden de su defendido, a pronunciarse sobre las acusaciones contra el juez, dado que a su juicio la inocencia o culpabilidad solo puede ser determinada “constitucionalmente” por un tribunal.
El proceso contra Escalante pasará a manos de una cámara de lo Penal de San Salvador, que podría condenar al magistrado a una pena de 26 años y 6 meses de prisión si lo declara culpable.
Escalante es magistrado de la Cámara Tercera de lo Civil desde noviembre de 2007 y anteriormente desempeñó el cargo de juez cuarto de lo Mercantil, cargo al que llegó en marzo de 2003, después de ser asistente en la Corte Suprema de Justicia (CSJ) de El Salvador.
Fuente: EFE
