Washington. Las estrictas políticas del gobierno de Donald Trump en torno a la migración vienen afectando la vida de miles de personas que viven Estados Unidos.
PUBLICIDAD
Algunos consideran que Estados Unidos es su país, a pesar de que los registros no los reconozcan como ciudadanos; otros han formado su familia aquí, sus hijos no han conocido otra vida y están plenamente integrados en la sociedad; pero vivir en los tiempos de Donald Trump marca sus vidas.
Las historias de cada inmigrante son tan variadas como los motivos que les obligaron a hacer las maletas y mudarse a un nuevo país: una catástrofe natural, violencia callejera y familiar o la miseria que causa una guerra civil.
Pero más allá de sus diferencias, un gran número de inmigrantes que desde hace varias décadas residen en Estados Unidos afrontan la misma incertidumbre al conocer que el actual Gobierno tiene la intención de revisar, y si procede anular, los permisos que han garantizado su permanencia legal en el país, en algunos casos por más de 25 años.
Un panorama difícil que afecta a más de un millón de personas beneficiadas por programas de amparo como los 700,000 jóvenes bajo la Acción Diferida Para los Llegados en la Infancia (DACA), conocidos como “soñadores”, y los 400,000 inmigrantes acogidos desde 1990 por el Estatus de Protección Temporal (TPS), un amparo para personas de lugares que han sufrido desastres naturales y conflictos.
Así viven bajo la incógnita algunas de las personas afectadas, que narraron a Efe cómo es su situación durante una visita que hicieron a Washington para sumar el apoyo de los congresistas a su lucha por una solución que estabilice su vida en Estados Unidos.
PUBLICIDAD
– Perla Canales. Después 21 años teme separarse de sus hijos y nietos.
“Estamos en el limbo prácticamente”, declara a Efe minutos antes de reunirse con varios representantes en el Capitolio de Washington.
Ha llegado desde Nueva York, donde vive desde hace dos décadas con su familia, trabaja y paga tanto sus impuestos como la hipoteca de su hogar.
Quedó viuda con cuatro hijos en Honduras, país devastado por el mortífero Huracán Mitch, y recibió el amparo del TPS en la década de los noventa.
“Perdería todo, ya pertenezco a este país, ya contribuí”, cuenta antes de romper en lágrimas: “No me cabe en la cabeza que me echen como si ya me usaron. No es justo”.
Canales tiene nietos nacidos en Estados Unidos y podría separarse tanto de ellos como de sus hijos si TPS se anulase y tuviera que volver a Honduras.
– María Elena. Regresaría a Nicaragua tras doce años de trabajo en la Universidad Nova de Florida (NSU).
“Nosotros no hemos venido aquí a ser criminales, hemos venido a trabajar para mejorar nuestra calidad de vida y aportar a la economía de este país”, defiende durante una protesta por las calles de Washington.
Lleva 12 años trabajando en una universidad de Florida, donde se asentó hace 20 años cuando huyó de Nicaragua por un desastre natural.
“En nuestros países hay violencia y desigualdad, Nicaragua está al borde de una guerra civil. No es conveniente que vayamos a un lugar que es inseguro y desconocido para nosotros, que tenemos raíces aquí”, argumenta.
El arraigo de María Elena, que es beneficiaria de TPS, es tal que además de ser empleada en el centro educativo, ejerce las funciones de representante para sus compañeros, muchos de ellos ciudadanos estadounidenses, que, asegura, le “brindan todo el apoyo”.
– Concepción Morales. Un salvadoreño padre de tres adolescentes estadounidenses.
“Yo vine aquí hace casi 20 años en busca de un futuro próspero, hice mi propio sueño americano, creo que lo logré y ahora me lo quieren tronchar”, resume este receptor de TPS, rodeado de varios compañeros en la misma situación llegados a Washington desde Baltimore (estado de Maryland).
Morales formó su familia en Estados Unidos, tiene tres hijos que por haber nacido aquí poseen la ciudadanía. Por lo tanto, la anulación del programa migratorio que le ampara podría separar a la familia, ya que los padres son considerados inmigrantes con posibilidad de retorno.
“No queremos que esta Administración siga separando familias sostiene. Eso es inmoral y cruel, se vive en un limbo, una incertidumbre. ¿Qué va a pasar?”.
A pesar de su situación, Morales contagia de optimismo a sus compañeros, pues confía en que los congresistas aprobarán una ley que los ampare de forma permanente.
Así, defiende con rotundidad: “Los inmigrantes movemos la economía de este país, construimos carreteras, puentes, edificios… Trabajamos lavando en hoteles, limpiando, cocinando, cuidando niños y ancianos. Por una persona que hace algo malo, algunos dicen que todos somos malos. Siempre va a haber una persona que no es del todo buena, pero la mayoría somos gente trabajadora y no nos pueden señalar así”.
Fuente: EFE
