Técnicos de la Sociedad Nacional de Industrias (SNI) con la evaluación del Organismo Nacional de Sanidad Pesquera (Sanipes) están elaborando un proyecto para controlar contaminantes en las exportaciones del sector pesquero, informó hoy el presidente del Comité de Pesca y Acuicultura del gremio, Carlos Milanovitch.
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Dijo que más de 300 empresas pesqueras serán favorecidas con el proyecto, debido a que les permitirá contar con los controles que garanticen la vigilancia sanitaria en cuanto a contaminantes de las exportaciones a diferentes países, tales como metales pesados, toxinas y aromáticos.
El proyecto permitirá determinar cuál será el procedimiento para su identificación, establecer la cantidad de zonas que se van a controlar; la periodicidad e incluso la metodología adecuada a utilizar.
Milanovitch indicó que una vez culminado el proyecto, el Sanipes debe evaluarlo y, finalmente, el Programa PNIPA del Ministerio de la Producción (Produce) debe aprobar para su ejecución a cargo de la institución sanitaria.
“La finalidad de este proyecto apunta a dar más oportunidades a nuestras empresas, actualmente hay más de 300 habilitadas por el Sanipes, introduciéndolas en un mercado competitivo, que permita crear más puestos de trabajo formales, y generar mayores ingresos al país”, sostuvo Milanovitch.
“El MEF y el Produce, como integrantes activos de la Mesa Ejecutiva de Acuicultura, encargaron este proyecto a la SNI, pues tenemos técnicos que poseen el expertise para hacer las propuestas” añadió.
El empresario industrial manifestó que tras permanentes reuniones con Sanipes, la SNI presentará el proyecto a finales de este mes.
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Exportaciones de consumo humano directo De otro lado, Milanovitch estimó que las exportaciones del sector de pesca de consumo humano directo cerraron el año pasado en US$1,400 millones, situación que difiere de Chile y Ecuador que exportan productos de consumo humano US$6,000 millones y US$4,000 millones al año, respectivamente.
Para superar estas cifras, el empresario industrial refirió que se debe aplicar una legislación promotora de la competitividad, que impulse la mejora de condiciones de este rubro; específicamente, en temas relacionados con las demoras en la tramitación de permisos, licencias, excesivos costos en las certificaciones, entre otros.
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