Los gobiernos regionales, provinciales y locales recibirían este mes un adelanto de S/1,500 millones por canon minero correspondiente al ejercicio fiscal 2018, informó Pablo de la Flor, director ejecutivo de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE).
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Explicó que los recursos del canon minero son distribuidos por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) generalmente en el mes de julio de cada año, pero el gobierno ha dispuesto que a partir de este mes se adelante el 60% de estos fondos a las regiones, municipios provinciales y distritales.
De la Flor consideró que la medida es positiva, debido a que —dijo— estos recursos que genera la minería moderna y responsable servirán para dinamizar de inmediato las inversiones de obras públicas que son necesarias para el desarrollo de las regiones.
“Estimamos que el canon minero que se distribuirá este año ascendería a aproximadamente S/3,200 millones, monto que terminará de ser entregado a las autoridades regionales y municipales en julio próximo tras este adelanto inicial”, sostuvo De la Flor.
El canon minero es una herramienta importante para asegurar el desarrollo sostenido de las regiones y contribuir al cierre de las brechas sociales, señaló. De igual modo, De la Flor destacó que “resulta vital que sus fondos se inviertan eficientemente en obras de infraestructura básica y productiva, así como en mejorar los servicios de salud y educación”.
Asimismo, indicó que los gobiernos subnacionales y municipales recibieron un total de S/31,378 millones por concepto de canon minero entre los años 2009 y 2018.
También comentó que ha llegado el momento de reflexionar sobre las fortalezas y debilidades del sistema actual de canon, con el propósito de mejorar y hacer más eficaz su operatividad, a fin de asegurar que estas inversiones beneficien a las poblaciones más cercanas a las operaciones mineras.
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Finalmente, dio a conocer que el canon minero es el 50 por ciento del Impuesto a la Renta que el Estado recibe por la explotación económica de los recursos mineros y que es transferido a los gobiernos regionales, municipalidades provinciales y locales, así como a las universidades nacionales.
