Jorge Sánchez Herrera – Nómena Arquitectura
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Arquitecto/Urbanista
jorge@nomena-arquitectos.com
El 11 de setiembre del 2001, dos aviones fueron estrellados contra las torres gemelas de Nueva York, matando a casi tres mil personas en uno de los peores ataques terroristas contra la humanidad. Ese día también cambiaron para siempre nuestras formas de transitar los aeropuertos y de volar en aviones comerciales.
En el Perú, según cifras del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, esa misma cantidad de personas han muerto en ‘accidentes’ de tránsito. Solo que esto no ha ocurrido una vez. En el Perú mueren la misma cantidad de personas que en los atentados del 11S, todos los años. Y no pasa absolutamente nada.
El pasado viernes, una nueva tragedia llenó los noticieros; en parte por la crudeza de las imágenes que fueron registradas en video, y en parte porque ocurrió en San Isidro. Ese mismo día el vuelco de un bus en La Oroya causó la muerte de cinco personas, dejando heridas a otras 23. En Ayacucho, siempre el mismo viernes 11, el despiste de un auto dejó heridos a todos los miembros de una familia, matando al hijo adolescente de 16 años. Hoy, domingo por la mañana, mientras escribo estas líneas, leo que un joven de 26 años acaba de fallecer al chocar su auto en Piura.
Las causas de estos accidentes se conocen muy bien. El pésimo diseño vial y señalización de numerosas vías en el país, que muchas veces incentivan la velocidad por sobre la seguridad. La impunidad de la que gozan la gran mayoría de unidades de transporte ‘público’, que siguen circulando a pesar de las miles de papeletas que tienen encima. La informalidad con la que operan las empresas de transporte interprovincial. La facilidad para tener un brevete, debido a la enorme corrupción que existe en el sistema para obtenerlo. Así como la falta de fiscalización, pero sobre todo de autoridad, con la que opera la Policía Nacional.
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Todas estas causas han sido ampliamente reportadas, pero en el Perú seguimos llamándolos ‘accidentes’, como si no fuesen previsibles. Y así como conocemos sus causas, también son conocidas las soluciones. Un diseño vial que priorice la seguridad del peatón, con mecanismos que reduzcan considerablemente los límites de velocidad en zonas residenciales y de trabajo. Dejar de postergar la gran reforma de transporte público que las grandes ciudades necesitan. Generar terminales terrestres donde, como en un aeropuerto, sea más fácil fiscalizar los movimientos interprovinciales en buses. Utilizar la tecnología para reformular el sistema de obtención de brevetes y, sobre todo, empoderar a las instituciones encargadas de fiscalizar las infracciones de tránsito.
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