La legisladora Tania Pariona (Nuevo Perú) criticó a la Comisión de Constitución del Parlamento por archivar la propuesta para que la Corte Suprema levante la inmunidad de los congresistas.
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En diálogo con RPP Noticias, consideró que este hecho demostraría la intención de este grupo de trabajo de impulsar una reforma política “bamba”, pues la intención pareciera ser favorecer a quienes buscan rehuir a la justicia y llegar al Parlamento con la finalidad de conseguir protección frente a la justicia.
“Lo que ha ocurrido en la Comisión de Constitución realmente no solo es una reforma que en términos coloquiales diríamos es una reforma ‘bamba’, sino que además pareciera estar a la medida de algunos que quieren rehuir a la justicia y que el propósito de llegar al Congreso sería la protección que quieren tener frente a algunas acciones anteriores”, manifestó.
Subrayó que el propósito de la inmunidad parlamentaria no puede ser evadir a la justicia, especialmente en casos de delitos comunes, como el acoso sexual, del cual es acusado el parlamentario Moisés Mamani (Fuerza Popular).
En ese sentido, recordó que muchos congresistas emplean esta prerrogativa constitucional para asegurar impunidad.
Sostuvo que el archivamiento “a rajatabla” de las propuestas que buscan evitar esta situación y creer que la inmunidad es intocable no contribuyen a que la ciudadanía deje de pensar que los legisladores utilizan su poder para cubrirse entre ellos.
Indicó que a los miembros de Fuerza Popular les convendría que el Congreso no acepte las propuestas para cambiar el sistema de levantamiento de inmunidad, que actualmente está en manos de los propios congresistas.
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“Esperemos que en el debate Fuerza Popular amplíe su reflexión sobre la inmunidad parlamentaria y que esta reforma política no pierda su contenido substantivo”, remarcó Pariona.
Como se recuerda, el predictamen archivado por la Comisión de Constitución planteaba que los procedimientos de levantamiento de inmunidad, de proceso o de arresto, deben ser resueltos en un plazo no mayor de 60 días hábiles.
“De no existir pronunciamiento por parte del Congreso, se entiende que la solicitud que formule la Corte Suprema ha sido aceptada”, señalaba la propuesta.
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