La Procuraduría Pública Especializada en Asuntos de Orden Público del Ministerio del Interior (Mininter) invocó a la Segunda Fiscalía Superior Penal de Abancay a impugnar el fallo que liberó a los hermanos Chávez Sotelo, debido a que afecta gravemente la lucha contra la criminalidad organizada.
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El procurador público, Luis Alberto Casaverde Reyna, mediante el oficio N° 2078-2019-IN-PEOP–MININTER, detalla la “preocupación” que siente la Procuraduría tras la decisión de la Sala Penal de Apelaciones de Abancay.
“Nuestra preocupación estriba en el hecho que, con este precedente se afecta gravemente la lucha denodada que viene realizando el Ejecutivo y sus Procuradurías Públicas en contra de la criminalidad organizada”, se lee en el oficio.
Por ello, invocan a Huamán Florez, fiscal superior, que dentro de plazo de ley su despacho emita la impugnación respectiva contra la mencionada resolución, a través de un recurso de nulidad o de Casación para que la Corte Suprema de Justicia vea en última instancia las irregularidades que ellos observan.
Entre las irregularidades que La Procuraduría Pública Especializada en Asuntos de Orden Público del Mininter indican, son:
1.- La mencionada resolución afirma que, hasta ese momento durante los primeros recaudos no se ha incorporado el nivel de sospecha grave los elementos de convicción suficientes que sustenten el pedido de prisión preventiva; negando la existencia del suficiente material probatorio que existe en autos.
2.- Que las imputaciones del testigo protegido, si bien indica, que los ‘Chávez Sotelo, son una organización criminal, y que solicitan dinero a la empresa minera “Las Bambas”, afirma que estas imputaciones son muy genéricas, y que no se condice con el ejercicio de la profesión de abogado y que el siempre hecho que autorice como abogados, las cartas y otros documentos, no constituye delito; esta afirmación es un flagrante adelanto de opinión, pues no se ha puesto a debate si el ejercicio profesional de los abogados incriminados constituyen o no delito.
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3.- Que no existen elementos que demuestren la existencia del delito de organización criminal, al no estar respaldado con elementos de convicción suficientes, que determinen el actuar según un plan delictivo que parta de una organización criminal, y se cumpla con las exigencias de sus elementos objetivos y subjetivos del tipo penal; esto también constituye una serie irregularidad que no ha sido puesta a debate en la presente incidencia, entre otras irregularidades que señala la Procuraduría.
“Finalmente, este despacho ha observado otros vicios tales como la afectación al principio de motivación de las resoluciones judiciales al no haberse sustentado de manera palmaria los motivos de la aplicación de una caución para asegurar a los imputados al proceso”, señala el procurador público, Luis Alberto Casaverde Reyna.
Liberación de Hermanos Chávez Sotelo
La Sala Penal de Apelaciones de la Corte Superior de Justicia de Apurímac revocó los 36 meses de prisión preventiva dictados contra los asesores de la comunidad de Fuerabamba y ordenó su inmediata liberación.
Los hermanos Frank y Jorge Chávez Sotelo, además de Carlos Vargas, recuperaron su libertad pese a ser acusados de los delitos de extorsión y organización criminal en perjuicio de la mina MMG Las Bambas.
Como se recuerda, el Juzgado de Investigación Preparatoria de Tambobamba, a cargo de la jueza Patricia Valencia, declaró procedente el pedido de prisión preventiva por 36 meses solicitado por la Fiscalía contra dichos abogados el pasado 3 de abril.
Cabe indicar que Frank y Jorge Chávez Sotelo, así como Vargas Arizabal, fueron detenidos en Lima el pasado 21 de marzo y recluidos en el penal de Cusco por orden del Poder Judicial.
