La** Comisión Permanente** del Congreso de la República acordó otorgar 15 días de plazo a la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales para investigar y elaborar el informe sobre las denuncias contra el ex fiscal de la Nación, Pedro Chávarry.
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Esta decisión se tomó por unanimidad de los 23 legisladores presentes en la sesión del día de hoy.
El fiscal supremo será investigado por presuntamente infringir seis artículos de la Constitución en dos denuncias admitidas a trámite en el grupo de trabajo.
Además, será investigado por la presunta comisión de los delitos de encubrimiento personal, encubrimiento real y contra la tranquilidad pública-organización criminal por sus presuntos vínculos con ‘Los Cuellos Blancos del Puerto’.
En la sesión, el congresista Gino Costa planteó una cuestión previa para solicitar a la subcomisión la reconsideración de las denuncias contra Pedro Chávarry que fueron enviadas al archivo. Esta no se aprobó por mayoría, razón por lo cual dichas denuncias terminaron archivándose
Como se recuerda, la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales archivó una denuncia presentada por el congresista Gino Costa (Bancada Liberal), por el presunto plagio de su tesis de maestría e irregularidades en la ratificación de Pedro Chávarry como fiscal supremo.
Asimismo, se archivó denuncia presentada por el procurador Amado Enco, que incluía a fiscales supremos y jueces supremos como Tomás Gálvez y al ex presidente del Poder Judicial, Duberlí Rodríguez.
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Ambas cuestiones previas no se aprobaron por la oposición de los 17 representantes de la bancada de Fuerza Popular a excepción de la congresista Yeni Vilcatoma quien se mostró a favor en ambas votaciones.
La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales deberá asignar a un congresista ponente encargado de elaborar el informe sobre las denuncias al ex fiscal de la Nación, el cual deberá ser presentado en los próximos 15 días.
En otro momento, las congresistas Karina Beteta y Yeni Vilcatoma pidieron que se reconsidere el archivo de las denuncias contra Pablo Sánchez, debido a la fuga del ex juez supremo César Hinostroza. Adujeron que tras la revelación de que el ex magistrado venía siendo parte de una videovigilancia ordenada por el Ministerio Público, se habría configurado el delito de “favorecimiento de fuga”.
De igual manera, en dicha sesión de la Comisión Permanente se aprobó una subvención económica para los damnificados en el sur, entregada por los representantes de dichas regiones en el Parlamento.
