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Jorge Sánchez Herrera – Nómena ArquitecturaArquitecto/Urbanistajorge@nomena-arquitectos.com
Hace más de un año, en una columna que titulé ‘Plusvalías Urbanas’, traté el tema de cómo las leyes de desarrollo territorial permitían captar el incremento del valor del suelo producto de alguna inversión pública o cambio de zonificación, es decir, donde el propietario privado no había tenido mayor participación o inversión. Estas leyes se aplican en muchos países, incluyendo a vecinos como Brasil o Colombia.
Con motivo del debate en el Congreso sobre el nuevo tren de cercanías que pretende unir Barranca e Ica, escuché a la congresista Marisa Glave argumentar en favor de la necesidad de que proyectos de infraestructura como este vengan acompañados de instrumentos de captación del valor del suelo, similares a los que ya existen en otros países.
El argumento es simple: las mejoras en los sistemas de movilidad (carreteras, metros, trenes, etc.) conllevan un inmediato y progresivo incremento en el valor del suelo por los lugares que atraviesa su recorrido. Es irracional que los únicos beneficiados con este incremento sean, en algunos casos con anticipado acceso a esta información, privados que muchas veces solo buscan especular con su valor en el tiempo. Es decir, el Estado invierte, el privado obtiene toda la plusvalía e, incluso, luego el Estado tendrá que pagar sobre este nuevo valor si es que en el futuro debe expropiar estos mismos terrenos.
Como parte de su argumento, la congresista pidió debatir el Proyecto de Ley 1111, que ‘declara la necesidad pública del uso de instrumentos de gestión de suelo en el desarrollo de proyectos de infraestructura pública de gran envergadura’, presentado el año pasado por su grupo parlamentario; entre sus objetivos esenciales está que el Estado pueda recuperar el incremento del valor del suelo como resultado de algún proyecto de infraestructura pública, como el nuevo tren al sur, por ejemplo.
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Tal como escribí hace unas semanas, cuando sostuve que, a pesar de la enorme complejidad del tema, me parecía saludable que se abra el debate sobre el rol del Estado en la provisión de vivienda accesible en zonas centrales, como lo sugiere el proyecto de Ley 1112 presentado por la misma congresista, me parece igual de necesario retomar discusiones que son moneda corriente en otros países, y que aquí se dejaron de lado cuando dejamos de pensar que es el Estado, y no el mercado, el encargado de garantizar el bien común.
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