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Jorge Sánchez Herrera – Nómena ArquitecturaArquitecto/Urbanistajorge@nomena-arquitectos.com
Desde que, en la década de los ochenta, el Estado dejara de desarrollar conjuntos habitacionales (uno de sus últimos proyectos fue Limatambo), su rol en la provisión de vivienda accesible se ha limitado a la subvención a través de bonos en proyectos de desarrolladores privados, quienes construyen donde el suelo es más barato y donde existe, por tanto, menos accesibilidad a infraestructura y servicios.
Pero como sostenía Ricardo Hausmann, exministro de Planificación de Venezuela y director del Centro de Desarrollo Internacional en la Universidad de Harvard: ‘El problema es que la gente no demanda casas: demanda hábitats. Una casa es un objeto, un hábitat es un nodo dentro de una multiplicidad de redes superpuestas’.
Hoy en el Perú, se habla de un déficit de vivienda cercano a los dos millones de unidades. Pero la verdad es que el Estado no decide ni cómo ni dónde se construirán esas viviendas. Es decir, su injerencia en la construcción de ‘hábitats’ es nula. Y de más está decir que esta (falta de) política no solo repercute en la vivienda en sí, sino que pone aún más presión sobre los sistemas de transporte ‘público’, que deben trasladar a millones de personas ahí donde sí se encuentran los servicios y centros de trabajo.
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Ya antes he comentado las políticas de muchas ciudades de Europa y Estados Unidos que obligan a los desarrolladores inmobiliarios a incluir un porcentaje de vivienda accesible dentro de los edificios multifamiliares que construyan, como una forma de tener barrios más heterogéneos y así evitar la creación de ‘bolsones’ de pobreza en las periferias de los centros urbanos.
Hace unos días, el Congreso aprobó en primera instancia el Proyecto de Ley N° 1112/2016-CR, que ‘propone declarar de urgencia y preferente necesidad pública la generación de suelo para la reubicación o reasentamiento de la población afectada por desastres naturales’. Lo particular del Proyecto de Ley, que entiendo fue preparado por la congresista Marisa Glave hace unos años, es que propone que los promotores de edificios multifamiliares deberán destinar un porcentaje para vivienda de interés social no menor al 8% del total de departamentos para atender a las familias afectadas por los desastres naturales, financiados con el Bono Familiar Habitacional. Como sucede con normas similares que se aplican en Europa, esta ley también permitiría que estas unidades se ubiquen en el mismo edificio o ‘en otro emplazamiento urbanizado, en la misma localidad, y que los promotores consideren conveniente’.
Más allá de la enorme amplitud de interpretación del texto, y de que párrafos así pueden encontrar total resistencia en un medio donde, en los últimos 30 años, la ubicación de la vivienda nueva ha sido decidida exclusivamente por el sector privado por razones estrictamente económicas, me parece muy interesante que se abra el debate sobre el rol del Estado para garantizar la provisión de vivienda en lugares centrales.
Mientras tanto, los congresistas deberían saber que una forma inmediata de lograr que gente de menos recursos pueda acceder a departamentos en los distritos más consolidados y con mayor cantidad de trabajo y servicios, sería prohibir que estos distritos emitan ordenanzas que limiten las áreas mínimas (es decir, los precios mínimos) de los departamentos en los edificios nuevos.
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