La abogada de Keiko Fujimori, Giuliana Loza, cuestionó que el fiscal José Domingo Pérez haya solicitado el allanamiento de un estudio de abogados relacionado a su defendida por presuntamente haber pagado a personas para evitar que los testigos y aportantes de Fuerza Popular puedan cambiar su versión.
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En declaraciones a radio Exitosa, Loza consideró que el fiscal pudo haber usado otras vías para corroborar lo dicho por el testigo protegido 2017-55-10, quien dice que tanto ella como el abogado Edward García Navarro, del estudio Oré Guardia, “habrían contactado al abogado Fernando Carreras Segura a fin que acompañe a los falsos aportantes, en el sentido que reconocerían que habrían efectuado los aportes (cuando en realidad no lo habían hecho)”.
“Hay dos puntos que diferenciar. Primero, el haber referenciado o recomendado abogados, y segundo lo que se estaría diciendo sobre si hubo direccionamiento para que declaren ciertos testigos. Pueden haber encontrado (evidencias) de lo primero pero no tiene nada de ilícito o irregular”, señaló la abogada de Keiko Fujimori.
Giuliana Loza reiteró que el solo dicho de un testigo protegido no debería bastar para manchar la honra de las personas y acusó al fiscal de haber actuado de manera arbitraria para involucrar a personas inocentes.
“No se puede permitir este tipo de invasiones que vulneran el derecho de defensa […] Si este era el punto (presunto direccionamiento por parte de abogados), ¿por qué no llamar a las personas indicadas para tomar su declaración? ¿Por qué ir directamente a allanar un estudio de abogados?”, añadió.
Giuliana Loza precisó que ella dejó de trabajar en el estudio Oré Guardia Abogados en el 2005 luego de haber permanecido ocho años como practicante y luego como abogada.
“Estoy segura que esto se va a aclarar definitivamente. No trabajo en el estudio Oré Guardia hace 12 años, yo trabajo de manera independiente”, concluyó.
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El fiscal José Domingo Pérez, mientras se llevaba a cabo la diligencia en el estudio ubicado en San Borja, aseguró que no estaban buscando información relacionada a los clientes o estrategias de defensa, sino datos contables y administrativos para confirmar la versión del testigo protegido.
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