El pasado viernes, las cuatro empresas operadoras del Metropolitano (Perú Masivo, Lima Bus, Lima Vías Express y Transvial Lima) anunciaron que a partir de este jueves 1 de noviembre la tarifa de dicho servicio aumentará de S/2,50 a S/2,85, mientras que el pasaje universitario pasará de S/1,25 a S/1,42.
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La decisión se justificaría, según las operadoras, porque luego de ocho años de funcionamiento, la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML) aún no ha cumplido con su obligación de construir el tramo norte del Metropolitano (que debería llegar hasta la Av. Chimpu Ocllo, en Carabayllo). Asimismo, protestan porque la MML no ha retirado las rutas de transporte público tradicional que compiten con ellas.
Sin embargo, para Protransporte, esta alza en la tarifa es ‘ilegal y arbitraria’, pues incumple con las condiciones del contrato de concesión.
‘Esta alza se ha aprobado. Pero nosotros aseguramos que vamos a tomar todas las acciones legales pertinentes que tomarían unos cuatro o cinco meses para resolverse’, explicó Raúl Fernández, asesor jurídico de Protransporte.
Para la Asociación Peruana de Consumidores y Usuarios (Aspec), el problema parte del contrato de concesión, firmado el 2009 entre los operadores y la MML. ‘El contrato es pésimo. Les ha otorgado muchas facultades a los empresarios y a la municipalidad la ha dejado desvalida’, explica Crisólogo Cáceres, presidente de Aspec.
Según el contrato, toda decisión de este tipo debe ser tomada por un comité de seis representantes: uno de cada operador, uno de la entidad recaudadora ACS Solutions y uno de la municipalidad. Para aprobar el alza, las cuatro empresas votaron a favor, el municipio se opuso y ACS se abstuvo. ‘Al momento de decidir, siempre va a ser cuatro o cinco contra uno. Es una locura. La próxima gestión municipal (de Jorge Muñoz) deberá encargarse de este problema’.
El contrato incluye también una fórmula para calcular la tarifa a cobrarse. La MML asegura que esta fórmula no ha sido respetada por los operadores.
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‘La solución es que este contrato tiene que ser renegociado. Ambas partes han cometido omisiones. Se tiene que replantear para beneficiar a los usuarios’, recomienda Cáceres.
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