El Gobierno publicó una nueva ley que modifica la norma que regula la gestión de intereses en la función pública y estableció como obligatoria la implementación de un registro de visitas que consigne cualquier tipo de reunión con carácter de declaración jurada.
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La nueva ley que publica el Ejecutivo en el marco de las facultades delegadas que le otorgó el Congreso en materia de lucha contra la corrupción, establece como primera modificación que la más alta autoridad administrativa de cada entidad pública sea responsable de registrar todas las visitas.
El texto establece que todas las entidades incluidas en la Ley que Regula la Gestión de Intereses en la Administración Pública deben contar con un registro de visitas en línea en formato electrónico donde se consigne el nombre del visitante, identificación de la persona natural o jurídica a la que representa, funcionario al que visita, cargo que este ocupa, motivo de la reunión, y la hora de ingreso y salida.
“La información que brinde el visitante a la entidad pública para el Registro de Visitas tiene carácter de Declaración Jurada”, establece la nueva norma.
La información que se recabe en respeto a esta nueva ley será publicada en el portal web de cada entidad pública y en la Plataforma de Integridad (http://www.peru.gob.pe/integridad) que se actualiza diariamente.
También se establece que todo funcionario público, cuando se comunique con cualquier gestor de intereses, debe dejar constancia del hecho en el registro de visitas.
“Los funcionarios y servidores públicos […] están prohibidos de atender actos de gestión de intereses fuera de la sede institucional”, establece el Gobierno en este decreto legislativo.
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En casos excepcionales, se podrá llevar a cabo reuniones fuera de las sedes institucionales “siempre que sean programadas previamente en la agenda oficial”. En ese caso, se deberá dejar constancia del hecho y registrar la gestión como indica la norma.
Esta norma, que entrará en vigencia de forma inmediata, lleva la firma del presidente de la República, Martín Vizcarra; del presidente del Consejo de Ministros, César Villanueva; y el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Vicente Zeballos.
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