Un tribunal de Quito anuló este viernes la regulación del Gobierno ecuatoriano de exigir pasaportes a los emigrantes venezolanos que entran al país y dio un plazo de 45 días al Ministerio de Relaciones Exteriores de **Ecuador **para que presente un plan de contingencia si es que quiere seguir aplicando dicha medida.
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Judith Naranjo, jueza de Unidad Judicial Tercera de la Familia, aceptó la acción de medidas cautelares en contra del Acuerdo Ministerial 242, mediante una demanda impulsada por la Defensoría del Pueblo en Ecuador, así como por otras organizaciones que velan por los derechos humanos en dicho país.
El abogado de la Defensoría, Ernesto Pazmiño indicó que su institución “aplaude esta decisión que lo que hace es reconocer el derecho de las personas, en este caso el derecho de las personas a emigrar”.
La decisión de la Corte se produce a menos de veinticuatro horas de que Perú aplique una medida similar, siguiendo los pasos del país vecino de Ecuador que había anunciado prohibir el ingreso de venezolanos sin pasaporte
“Por lo tanto, el Estado y todas sus instituciones tienen un límite en sus decisiones, que son el respeto a los derechos humanos”, añadió Pazmiño.
Por su parte, el viceministro de Movilidad Humana, Santiago Chávez, se mostró “decepcionado” por el fallo, pero dijo “respetar” la decisión del poder judicial.
“Nos parece que la jueza ha actuado dentro de sus competencias y tenemos que respetar su decisión. Tendremos que analizarla pero aparte de este respeto a la decisión judicial existe también una decepción por parte de las entidades del Estado que fueron demandadas”, manifestó a los periodistas.
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Cabe destacar que la jueza Naranjo dio a la Cancillería de **Ecuador **un plazo de 45 días para que presente un plan de contingencia humanitaria que sirva para hacer frente a los problemas de inmigración.
Fuente: EFE
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