El Senado de Argentina autorizó este miércoles el allanamiento de las tres residencias de la expresidenta Cristina de Fernández de Kirchner, un paso más en la causa que investiga millonarios sobornos para adjudicar contratos de obra pública.
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El Senado votó el allanamiento solicitado por el juez Claudio Bonadio, pues la exmandataria (2007-2015), elegida senadora en 2017, está amparada por fueros parlamentarios.
En el debate han intervenido más de 20 senadores. En su intervención, Cristina de Fernández reiteró que el proceso en su contra tiene como motivación apartarla de la política. “Si algo faltaba para consagrar la persecución política en Argentina era esta causa. Voy a ser la primera senadora allanada”, aseveró.
En busca del dinero
Cristina de Fernández, de la corriente de centro-izquierda peronista y quien sucedió a su esposo Néstor Kirchner en la presidencia en 2007, es la persona de más alto rango involucrada en el escándalo conocido como “los cuadernos de la corrupción”, que indaga presuntos sobornos de importantes empresarios entre 2005 y 2015 para obtener contratos de obra pública.
La causa judicial se inició hace un mes sobre la base de apuntes tomados por un exchofer del ministerio de Planificación, Oscar Centeno, quien supuestamente hizo durante esos diez años recorridos por Buenos Aires para llevar y traer bolsos cargados de millones de dólares.
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El departamento de Kirchner en Buenos Aires, así como la residencia presidencial de Olivos y la Casa Rosada, sede del gobierno, figuran en esos cuadernos como puntos de entrega de los bolsos.
El juez busca pistas sobre dónde podría haber quedado el dinero, que habría sido recibido siempre en efectivo. A los apuntes del chofer se sumaron luego las confesiones de varios empresarios detenidos que decidieron acogerse ante la justicia a la figura del arrepentido.
Además de esta causa, Cristina de Fernández enfrenta otros cinco procesos judiciales por supuesto enriquecimiento ilícito y por encubrimiento a iraníes acusados del atentado a la mutual judía AMIA en 1994 que provocó 85 muertos y 300 heridos.
La expresidenta se considera una “perseguida política” y asegura que el pedido de allanamiento de sus domicilios es “un show” mediático.
Con información de AFP
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