El 21 de noviembre de 2000, el Congreso peruano destituyó a Alberto Fujimori por “incapacidad moral permanente”, marcando el clímax de una crisis política rocambolesca, luego que el mandatario renunciara desde Japón, a donde se había fugado.
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El detonador fue la difusión el 14 de septiembre por una canal de cable de un video que mostraba al jefe de los servicios de inteligencia de Alberto Fujimori, Vladimiro Montesinos, sobornando a un parlamentario opositor para que se uniera a la bancada oficialista.
Según el primer ministro de la época, Federico Salas, Montesinos, quien fue incitado a renunciar tras divulgarse el video, amenazó a Alberto Fujimori con un golpe de Estado.
El 16 de septiembre, Alberto Fujimori, que había sido reelecto hacía apenas cuatro meses, anunció la convocatoria de nuevas elecciones legislativas y presidenciales, a las que no se presentaría, causando estupefacción generalizada. También disolvió los servicios de inteligencia.
Montesinos, que partió el 24 de septiembre a Panamá para pedir asilo, regresó a Perú un mes después. Alberto Fujimori encabezó personalmente la búsqueda lanzada “día y noche” para encontrarlo “con el objetivo de tranquilizar al país de que no está preparando alguna cosa”. Montesinos huye, transitando por varios países del Caribe.
Dos semanas más tarde, Alberto Fujimori, en un viaje no programado a una cumbre económica en Brunei, escapa a su vez a Japón, país de origen de sus padres, y del cual posee la nacionalidad. El 19 de noviembre, envía su renuncia a la presidencia por fax desde un hotel de Tokio.
El presidente del Congreso pone en práctica el mecanismo para aprobar la dimisión, pero la oposición inicia un procedimiento de destitución.
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Se le imputa el hecho de haber abandonado el país para anunciar su renuncia, así como sus relaciones con Montesinos, acusado de corrupción luego de revelarse que poseía cuentas en bancos suizos por decenas de millones de dólares.
Luego de un debate de más de 12 horas, el 21 de noviembre el Congreso decide destituir a Alberto Fujimori “por incapacidad moral permanente”, y se le prohíbe volver a presentarse como candidato.
El 22 de setiembre de 2007, luego de siete años, el exjefe de Estado fue extraditado desde Chile, donde había llegado en noviembre de 2005.
En 2009, fue condenado a 25 años de prisión por su responsabilidad en dos masacres perpetradas en 1991-92 por un escuadrón de la muerte encargado de la lucha contra la guerrilla maoísta de Sendero Luminoso.
En diciembre de 2017, hospitalizado, fue beneficiado con un controvertido indulto “humanitario” concedido por Pedro Pablo Kuczynski, quien el miércoles renunció a la presidencia de Perú.
Fuente AFP
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