La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) instó al Congreso del Perú a suspender un proceso de acusación parlamentaria contra cuatro magistrados del Tribunal Constitucional a quienes busca destituir, informó la Corte en una resolución difundida este domingo.
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La CIDH solicitó al Estado “que suspenda inmediatamente el procedimiento de acusación constitucional seguido contra los magistrados Manuel Miranda, Marianella Ledesma, Carlos Ramos y Eloy Espinosa-Saldaña, hasta que el pleno de la Corte conozca la solicitud de medidas provisionales” en su próximo periodo de sesiones.
La Corte celebrará en su sede de Costa Rica el periodo de sesiones ordinarias entre 29 de enero y el 9 de febrero próximos.
La decisión se conoce luego que el viernes una subcomisión legislativa recomendó al Congreso destituir a uno de los magistrados y suspender a los otros tres, en un caso de derechos humanos impulsado por la poderosa oposición populista de derecha Fuerza Popular (fujimorista).
La acusación se produce en momentos en que el Tribunal Constitucional debe resolver una solicitud para anular el juicio que encarceló al expresidente Alberto Fujimori.
La Corte Interamericana tiene previsto revisar el caso el 2 de febrero de 2018.
El Tribunal Constitucional debe resolver un recurso presentado por la líder de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, hija del exgobernante, para excarcelar a su padre y eliminar el juicio que lo condenó por crímenes de corrupción cometidos durante su gobierno. El Tribunal Constitucional ya ha fallado en contra de otros recursos anteriormente.
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Los congresistas acusan a los magistrados de cambiar el sentido del voto de un colega y de supuestamente reabrir un polémico juicio por una matanza realizada por la Marina en la isla penal El Frontón, en 1986, durante la represión de un motín de presos de la guerrilla maoísta Sendero Luminoso. El motín dejó más de un centenar de muertos.
La defensa de los militares implicados asegura que la decisión del Tribunal Constitucional los perjudicó, ya que, al no precisar si el caso constituía crimen de lesa humanidad, el proceso sigue abierto y se hizo imprescriptible.
El fujimorismo también busca destituir al Fiscal de la Nación, Pablo Sánchez, bajo el pretexto de incumplimiento de funciones, en momentos en que el Ministerio Público investiga a Keiko Fujimori y a algunos de sus colaboradores por presunto lavado de activos.
Fuente AFP
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