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Fiscal pidió 18 meses de prisión preventiva para socios peruanos de Odebrecht

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El fiscal Hamilton Castro pidió este domingo 18 meses de prisión preventiva para los empresarios peruanos José Graña, Hernando Graña, Gonzalo Ferraro de la firma Graña y Montero, Fernando Camet de JJCamet y Fernando Castillo de ICCGSA por su presunta intervención en el pago de sobornos de Odebrecht en Perú.

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Durante una audiencia en la que se decidirá el pedido de detención, Castro expuso que “los procesados tienen todas las condiciones de vulnerar el proceso”, dado que “pueden viajar a donde ellos quieran” debido a los recursos económicos que manejan.

El fiscal anticorrupción remarcó que la sesión, presidida por el juez Richard Concepción Carhuancho, demostrará si la ley en el país es igual para todos y procedió a sustentar el pedido por los presuntos delitos de lavado de activos y colusión.

Castro explicó que las empresas socias de Odebrecht en la construcción de dos tramos de la carretera Interoceánica sur en el gobierno de Alejandro Toledo (2001-2006) cedieron parte de sus utilidades a la constructora brasileña como compensación por el soborno de 20 millones de dólares que entregó al exmandatario, según han afirmado sus exdirectivos.

DEFENSA

El abogado de Fernando Camet, Eduardo Alcocer, informó que su cliente está internado en una exclusiva clínica particular de Lima y aseguró que el pedido es “injusto y desproporcionado”.

Alcocer sostuvo que “el tener conocimiento no es un acto de ayuda delictiva” y que la fiscalía no precisó si ese conocimiento se produjo antes o después del supuesto acto delictivo.

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Por su parte, la defensa de Fernando Castillo, John Caro, declaró que los empresarios no deben ser “chivos expiatorios de los problemas entre el Ministerio Público y el Congreso”, en referencia a la denuncia presentada por la bancada fujimorista Fuerza Popular contra el fiscal de la Nación, Pablo Sánchez, por no haber denunciado a los socios de Odebrecht con celeridad.

Los abogados entregaron pasaportes, documentos personales y otro tipo de documentación a la sala para demostrar que sus defendidos no tienen intención de fuga y que colaborarán en las investigaciones.

Tras la exposición de todas las partes, el juez Concepción tomará una decisión sobre el pedido de detención.

EFE

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