*POR VERÓNICA KLINGENBERGER**Periodista*«*@vklingenberger*»:https://twitter.com/vklingenberger
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Nadie se salva. O muy pocos. A estas alturas, muchos debemos tener plata de Odebrecht en la billetera. De alguna u otra forma, la corrupción está en todos lados. Si no es plata del narco, que por cierto también abunda (hay teorías que señalan que la crisis del 2008 solo pudo torearse gracias a la plata del narcotráfico puesta en grandes entidades financieras), entonces están esos arreglitos entre las agrupaciones políticas y las empresas que hacen posible su existencia. Siendo realistas, ¿de qué otra forma podrían financiarse las millonarias campañas que se necesitan para sobrevivir políticamente? Sin partidos políticos con socios que aporten, el panorama no deja espacio para mucho más.
El año pasado, la Agrupación Civil Transparencia presentó al Congreso 32 propuestas concretas para empezar a lidiar con la crisis del sistema político actual (plan32.pe). Divididas en cuatro ejes (Parlamento, sistema electoral, de justicia y administración pública en general), las propuestas conforman el documento más completo de reforma política del país y se espera que, aunque no se apliquen muchas de ellas en muchos años (ya imagino la atención que le prestó el ‘ilustre’ Congreso actual), al menos promuevan un diálogo que a mediano plazo consiga algunos cambios.
La reforma número 31 apuntaba precisamente a solucionar uno de los temas-portada de los últimos meses. Bajo el título de ‘Financiamiento público efectivo’, lo que se propone es que el Estado financie a los partidos políticos. ¿Suena disparatado? ¿Por qué? El Estado perfectamente podría disponer de un presupuesto sensato para asumir esta tarea. Lo que se conseguiría no es poco. Para empezar, se acabarían todos esos chanchullos del tipo ‘hoy por ti, mañana por mí’ o los más atrevidos ‘amor con amor se paga’. El Estado fortalecería a los partidos y a su vez reduciría los financiamientos con dinero ilícito. Las autoridades electorales tendrían la tarea de fiscalizar ese financiamiento y el objetivo final sería contar con ‘partidos revitalizados, políticos de carrera y cuentas claras’, según dice el documento.
Mientras eso ocurre, las investigaciones y las sanciones deben seguir su camino. Y todos deberían correr la misma suerte. Por eso, la destitución del fiscal Pablo Sánchez sería escandalosa, sobre todo porque es evidente que el fujimorismo y el aprismo la promueven al verse amenazados por las investigaciones que dirige. Felizmente, Sánchez sigue por buen rumbo. Habrá que estar atentos y defender su trabajo. Si es necesario que todos vayan presos, que así sea. Porque ya queda claro que la corrupción no discrimina ideologías. Izquierda y derecha se han roto la mano y acá tampoco debería valer algo como ‘nosotros robamos menos’. Se hace urgente sentar precedentes en el plano público para que finalmente todos los peruanos estemos advertidos de lo que puede pasarnos por tomar el atajo ilegal. Es hora de que todos también nos la juguemos por la patria fuera del estadio. Total, Dios y la plata ya no están de moda.
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