¿Quién protege nuestros derechos laborales?

La titular de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (Sunafil), Sylvia Cáceres, informó ayer que ya se investiga el incendio en la galería Nicolini, en la zona de Las Malvinas, para identificar y sancionar a los empresarios que encerraron con llave a un grupo de jóvenes que trabajaba en contenedores improvisados.

‘Los jóvenes almaceneros desaparecidos no figuran en ninguna de las planillas electrónicas de las 43 empresas formales registradas ante el Ministerio de Trabajo’, sostuvo.

La Sunafil cumple un papel importante en este tipo de casos. Su objetivo central es promover y supervisar el cumplimiento de las normas laborales, además de fiscalizar la seguridad y salud en los centros de trabajo. Asimismo, brinda asesoría técnica y legal a los trabajadores.

La entidad puede imponer sanciones a los empleadores en casos de vulneración de derechos laborales o si las condiciones de trabajo ponen en riesgo la vida del trabajador.

Estas pueden llegar, en casos graves, a las 50 UIT (S/.202.500) para las microempresas, 100 UIT (S/.405.000) para la pequeña empresa y hasta 200 UIT (S/.810.000) para las demás.

Los empleados afectados pueden realizar sus denuncias incluso de forma anónima ante la misma institución o vía web. Ante ello, los funcionarios deben realizar una inspección para verificar la situación del centro laboral.

No obstante, Guillermo Córdova, presidente del Sindicato Nacional de Inspectores de Trabajo de la Sunafil, denunció ayer que el número de inspectores en el Perú es insuficiente.

‘A nivel nacional, solo tenemos 18 supervisores de inspectores, 100 inspectores de trabajo y 275 inspectores auxiliares. Se necesitan aproximadamente 2.000 inspectores’, declaró Córdova a Canal N, tras agregar que en 14 regiones no existen inspectores.

Sobre este tema, Cáceres anunció que ya se viene trabajando con el ministro de Trabajo, Alfonso Grados, y con el Ministerio de Economía para implementar ‘nuevas oficinas’ en estas regiones.

El abogado laboralista y docente de la PUCP, Raúl Saco Barrios, indica que la Sunafil realiza una labor adecuada al fiscalizar empresas formales.

‘Un empleador que obra con buena fe tiene serias dificultades en pretender burlar las acciones de Sunafil. Y un inspector al que no le permiten ingresar a un centro de trabajo puede levantar un acta por obstrucción e iniciar un proceso sancionatorio’, explica el experto.

Sin embargo, la cosa cambia en el caso de las empresas informales, ya que es complicado sancionar a entidades que no existen en el registro del Ministerio de Trabajo.

Por ello, la Sunafil ha anunciado que el 60% de las intervenciones de este año buscarán fomentar la formalidad laboral. Solo así se logrará una mejor fiscalización.