La fiscal María Hinostroza Centa, de la Séptima Fiscalía Provincial Penal de Lima dispuso que la División de Seguridad del Estado de la PNP realice las pesquisas correspondientes a establecer las causas e identificar a los responsables del incendio originado ayer en la zona comercial de Las Malvinas.
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La representante del Ministerio Público dispone en su Resolución N° 001-2017 que se realicen las diligencias necesarias que permitan identificar e individualizar al autor o autores del siniestro que se registra en el Centro Comercial Nicolini ubicado en la zona comercial de Las Malvinas, en las primeras cuadras de la avenida Argentina, Cercado de Lima.
Identificarán a presuntos responsables
Con las diligencias se busca identificar e individualizar al autor o autores del incendio bajo la imputación del presunto delito de peligro común por medio de incendio en su forma agravada (la cual comprende prisión efectiva); así como otros delitos por determinar.
La fiscal dispuso la realización de varias diligencias como la toma de manifestación de Juan Manuel Polar de Rivera y José Luis López Ramírez, apoderado y gerente de Inversiones JPEG SAC, respectivamente; y del gerente de Fiscalización de la Municipalidad Metropolitana de Lima, Cristian Rosenthal Ninapaytán.
Asimismo, dispone identificar al propietario del local donde ocurrió el incendio, al administrador del Centro Comercial Nicolini y a otros administradores del mencionado edificio.
También ha dispuesto la identificación de todas las presuntas víctimas, incluyendo a los que figuran como desaparecidos;y que se recabe el Certificado Médico Legal de los heridos.
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Sanciones administrativos
Sylvia Cáceres, superintendente de Sunafil, señaló a Canal N que la sanción administrativa para los empleadores que solían encerrar con llave a sus trabajadores, impidiendo que puedan escapar del incendio, podría llegar a los 6075 soles por trabajador, pero podría ser mayor.
‘Si se determina que hubo una desnaturalización y es una empresa que aglomera a un número mayor de trabajadores, podríamos estar llegado a los 810 mil por trabajador por infracción a la legislación en materia de seguridad y salud en el trabajo.
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