El Ministerio Público informó hoy que el proceso de extradición contra el expresidente Alejandro Toledo continúa su trámite ordinario con toda normalidad y que se está a la espera de cualquier pronunciamiento de las autoridades de Estados Unidos.
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El jefe de la Unidad de Cooperación Judicial Internacional y Extradiciones de la Fiscalía de la Nación, Alonso Peña, precisó que no ha recibido alguna comunicación de las autoridades estadounidenses, dando cuenta de supuestas observaciones al pedido de detención preventiva con fines de extradición contra el exmandatario.
Además, en lo que concierne al cuaderno de solicitud de extradición, detalló que el fiscal Hamilton Castro y el juez Richard Concepción vienen trabajando conjuntamente y de manera acuciosa en la elaboración de dicha petición, con la finalidad de cumplir con los estándares del Tratado de Extradición suscrito con Estados Unidos.
Precisamente, el juez del caso solicitó al representante del Ministerio Público los elementos de convicción para dar soporte probatorio al cuaderno de extradición.
Peña Cabrera descartó cualquier tipo de demora por parte de las autoridades peruanas y precisó que la Fiscalía de la Nación, en su calidad de autoridad central en cooperación judicial internacional en materia penal en Perú, canalizó de manera oportuna el pedido de detención preventiva con fines de extradición y la ampliación de fundamentación ante el gobierno estadounidense.
Refirió que esos documentos fueron tramitados a través de la Cancillería peruana mediante notas diplomáticas del 11 y 15 de febrero, respectivamente y vienen siendo evaluados por el Departamento de Justicia estadounidense.
El magistrado explicó que en Estados Unidos, la Autoridad Central en materia de cooperación judicial internacional es el Departamento de Justicia, entidad que evalúa y verifica los requisitos del pedido de detención preventiva, a fin de establecer que el pedido cumpla con la causa probable de criminalidad y suficiente sustento legal.
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Agregó que, de acuerdo a las normas internas de ese país, una vez que el pedido sea evaluado positivamente, éste es derivado la Corte Federal competente a efectos que se pronuncie judicialmente, la que determinará la medida de coerción aplicable.
Por ello, pidió tener en cuenta también la complejidad del caso y los delitos que se imputan al exmandatario, como son tráfico de influencias y lavado de activos, que obligan a cumplir con el principio de doble incriminación y causa probable de criminalidad.
No obstante, precisó que la Unidad a su cargo, junto al fiscal Hamilton Castro Trigoso y el juez Richard Concepción Carhuancho vienen sosteniendo comunicaciones periódicas con funcionarios del Departamento de Justicia estadounidense, referidas a los requisitos que las autoridades competentes de dicho país requieren para tal propósito.
